El blog del Concejal

Modelo de moción municipal para exigir el correcto uso de la bandera de España

2012-01-29T20:24:00.000+01:00

Nos siguen llegando al Blog situaciones en las que nos pedís consejo sobre como actuar contra quienes se niegan a poner la bandera de España en los Plenos municipales.

Os dejamos la moción tipo que tenéis que presentar para exigir la colocación de la bandera de España y el resto de enseñas en los plenos municipales tal como establece la LEY 39/1981, DE 28 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE REGULA EL USO DE LA BANDERA DE ESPAÑA Y EL DE OTRAS BANDERAS Y ENSEÑAS.

A partir de esta Ley, y teniendo en cuenta los siguientes artículos, tenéis que solicitar que la bandera de España ocupe el lugar que corresponde en el Pleno Municipal junto con el resto de enseñas oficiales. Paso previo a la denuncia en los tribunales que tendréis que presentar contra la reiterada e injustificada actitud de "olvido" permanente en colocar la bandera de España en el salón de plenos.

Os dejo artículos referidos a la Ley 39/1981 y acuerdo final que tendréis que incluir en la moción al pleno que presentéis.

ARTICULO PRIMERO

LA BANDERA DE ESPAÑA SIMBOLIZA LA NACION; ES SIGNO DE LA SOBERANIA, INDEPENDENCIA, UNIDAD E INTEGRIDAD DE LA PATRIA Y REPRESENTA LOS VALORES SUPERIORES EXPRESADOS EN LA CONSTITUCION

ARTICULO TERCERO

UNO. LA BANDERA DE ESPAÑA DEBERA ONDEAR EN EL EXTERIOR Y OCUPAR EL LUGAR PREFERENTE EN EL INTERIOR DE TODOS LOS EDIFICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL, INSTITUCIONAL, AUTONOMICA PROVINCIAL O INSULAR Y MUNICIPAL DEL ESTADO

ARTICULO QUINTO

CUANDO LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES O CUALESQIERA OTRAS CORPORACIONES PUBLICAS UTILICEN SUS PROPIAS BANDERAS, LO HARAN JUNTO A LA BANDERA DE ESPAÑA EN LOS TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO SIGUIENTE

ARTICULO SEXTO

UNO. CUANDO SE UTILICE LA BANDERA DE ESPAÑA OCUPARA SIEMPRE LUGAR DESTACADO, VISIBLE Y DE HONOR
DOS . SI JUNTO A ELLA SE UTILIZAN OTRAS BANDERAS, LA BANDERA DE ESPAÑA OCUPARA LUGAR PREEMINENTE Y DE MAXIMO HONOR Y LAS RESTANTES NO PODRAN TENER MAYOR TAMAÑO
SE ENTENDERA COMO LUGAR PREEMINENTE Y DE MAXIMO HONOR
A) CUANDO EL NUMERO DE BANDERAS QUE ONDEEN JUNTAS SEA IMPAR, LA POSICION CENTRAL
B) SI EL NUMERO DE BANDERAS QUE ONDEEN JUNTAS ES PAR, DE LAS DOS POSICIONES QUE OCUPAN EL CENTRO, LA DE LA DERECHA DE LA PRESIDENCIA SI LA HUBERE O LA IZQUIERDA DEL OBSERVADOR

ARTICULO OCTAVO

SE PROHIBE LA UTILIZACION EN LA BANDERA DE ESPAÑA DE CUALESQUIERA SIMBOLOS O SIGLAS DE PARTIDOS POLITICOS, SINDICATOS, ASOCIACIONES O ENTIDADES PRIVADAS

ARTICULO NOVENO

LAS AUTORIDADES CORREGIRAN EN EL ACTO LAS INFRACCIONES DE ESTA LEY RESTABLECIENDO LA LEGALIDAD QUE HAYA SIDO CONCULCADA

En consideración a estos artículos de la Ley citada, el Grupo Municipal ------------------- del Ayuntamiento de ---------- solicita:

El cumplimiento del Artículo 3.1 de la citada ley, y por lo tanto, que la bandera de España esté presente de manera permanente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de ..................... junto con el resto de banderas: europea, de ....................y de ................................ (bandera municipal), y ocupando un lugar preferente en los términos establecidos en los Artículos 5 y 6.

Frente a la denegación de información al Concejal...¿Querella o Contencioso?

2012-01-28T13:12:00.000+01:00

Os dejo mi opinión sobre esta cuestión. Tan habitual por desgracia. ¿Qué respuesta dar a la denegación de información a un Concejal?

Si lo que te prohíben es el acceso a una información determinada, yo usaría el contencioso. Porque lo que buscas es acceder a la información, que te deniegan por alguna razón, pero que necesitas para estudiar algún tema concreto. Es la vía que usamos cuando no hay una prohibición de acceso a todo tipo de información, de manera constante y arbitraria.

Opto por la querella si lo que quiero es superar una situación de denegación de información a todo lo que solicitamos, sin justificar (o con justificaciones absurdas) y de manera permanente. Y opto por esta vía porque la querella tiene contenido suficiente como para lograr la inhabilitación del responsable de la denegación. En este caso, el alcalde. En otros, cuando colabora el secretario municipal en esta situación, el propio secretario junto con el alcalde.

En un artículo anterior dejaba ejemplos de sentencias de ambas jurisdicciones. Interesante lectura para conocer por donde se andan los tribunales en estas cuestiones. Sentencias más actuales en la jurisdicción penal son muy similares a las que te adjunto.

ORDEN JURISDICCIONAL PENAL. La negativa injustificada a facilitar información puede constituir un hecho delictivo. Así por ejemplo la STS Sala 2ª de 22-1-96 (Ponente: Sr. Conde-Pumpido Tourón) confirma la Sentencia de la AP Santander de 16-12-94 por la que se condenaba a un Alcalde a la pena de 6 años y 1 día de inhabilitación especial como autor responsable de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos reconocidos por la Ley. En el Fto Jdco. 2ª de la STS se dice lo siguiente: "En el caso la actuación del Alcalde recurrente, que de modo pertinaz y reiterado negó a uno de los concejales de la oposición el acceso a la documentación municipal, dando inicialmente órdenes verbales y posteriormente por escrito para que se impidiese al referido concejal el acceso a dicha documentación, negándose incluso cuando fue requerido notarialmente para ello, y manifestando públicamente en declaraciones a un medio de comunicación que "sabía que estaba obligado a facilitarle al concejal –querellante– la información municipal" pero que no lo haría "porque era un pedante", constituye claramente una acción integradora del tipo del art. 194 CP objeto de sanción, realizada con pleno conocimiento de su ilegalidad y sin la concurrencia de error alguno, como se deduce de las propias manifestaciones públicas del recurrente, pues no es mínimamente consistente la hipótesis de que el alcalde condenado pudiese creer erróneamente que la alegada "pedantería" del concejal legitimase su negativa a permitirle el acceso a la documentación municipal o que desconociese el contenido de una norma tan elemental para todo político local como es el art. 77 de la Ley 7/85 de 2 de Abril, que proclama expresamente el referido derecho a obtener información."

ORDEN JURISDICCIONAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

1.- STS 18-12-1990 (Arz. 10407). Competencia del Alcalde para prohibir la grabación, por concejales, de las sesiones del Pleno. Legalidad de tal medida.

"Con respecto al derecho a la publicidad de las sesiones municipales, es cierto que el art. 88.1 ROFCL dispone que las sesiones del Pleno serán públicas, agregando en el núm. 2 que para ampliar la difusión auditiva o visual del desarrollo de las sesiones podrán instalarse sistemas megafónicos o circuitos cerrados de televisión, siendo deducible de ello que ese derecho a la publicidad está concebido única y exclusivamente en beneficio del público asistente a las sesiones y no de los miembros de la Corporación, porque, precisamente por serlo, tienen la obligación de asistir a las sesiones cuyo objeto les ha de ser conocido de antemano, siendo así que en el caso –impugnación de decreto del alcalde por el que se prohibía la utilización de aparatos grabadores particulares en las sesiones plenarias de la Corporación– ningún concejal tenía facultad ni necesidad alguna de asistir a las sesiones con una grabadora, aunque se ampare para ello en el art. 88.2 ROFCL, debiendo entenderse que al dictar tal decreto el alcalde estaba reconociendo implícitamente que la facultad de utilizarlo era privativa de los profesionales de la información, porque es a estos a quienes no se les puede privar en el ejercicio de sus funciones de lo que es normalmente su elemento de trabajo".

2.- STS 24-XI-1993 ( Arz. 9040 ). Nulidad del acuerdo del Pleno por no haber estado a disposición de los concejales la documentación de los asuntos a tratar en la sesión, a partir de la convocatoria de ésta, aún cuando el acuerdo hubiese sido el mismo de haberse cumplido la normativa.

"El art. 47.1 c) LPA establece la nulidad de pleno derecho de los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. El art. 46.2 b) LRL –esencial para el pleno de las Corporaciones y que conecta con el art. 23.1 CE (Cfr. TS SS 5 Ene. y 11 Nov. 1988 y 19 Jul. 1989)– dispone que la documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día que deba servir de base al debate y en su caso votación, deberá figurar a disposición de los concejales o diputados desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría de la Corporación, con la posibilidad –que precisa el art. 84 ROFCL– de que cualquier miembro de la Corporación la examine e incluso obtenga copias de documentos concretos; por tanto, el acuerdo del pleno extraordinario por el que se rechazó una propuesta para abrir una investigación y pedir responsabilidades sobre las obras de traída de aguas y desagües es nulo de pleno derecho a la luz de las normas antedichas, al resultar del expediente que, producida la convocatoria del pleno extraordinario el 3 May. 1988, la documentación referida al punto del orden del día que se enjuicia no estuvo a disposición de los concejales hasta el 24 de junio siguiente, protestándose aun en el acta –sin oposición eficaz de contrario– sobre la manifiesta insuficiencia de la documentación existente para conocer las causas de lo que se aducían como graves defectos e irregularidades de la obra realizada, así como coste, facturas o nombre de su director".

Denegación de información en Moraleja del Vino.

2012-01-28T13:06:00.000+01:00

Desde que en agosto del pasado año se conociera esta denuncia:

IU critica al alcalde de Moraleja del Vino por obstruir acceso a documentación

... la situación no fue mejorando, y casi podríamos decir, empeorando después de cada denuncia, de cada escrito, de cada recurso y de cada respuesta del alcalde.

No es casual por ello que al final el Grupo municipal de Izquierda Unida (ejemplar en su comportamiento jurídico y político en este municipio) haya decidido presentar una denuncia por lo penal que, si la razón y la justicia se impone, tendrá que terminar con la inhabilitación de un alcalde incapaz de separar sus institos primarios de su ejercicio del cargo.

Os dejo el modelo de denuncia. Recomiendo lectura de la relación de documentos presentados como anexo a la denuncia.

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AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE ZAMORA

D. ------, con D.N.I. Nº ------- y con domicilio a efectos de notificaciones en ------- como portavoz y concejal en el Ayuntamiento de Moraleja del Vino (Zamora), ante ese Juzgado comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE:

I.- Que por medio del presente escrito se formula DENUNCIA por un presunto delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, contra D. ----------, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Moraleja del Vino (Zamora), en virtud de los siguientes,

HECHOS:

.- Que se ha solicitado, tanto verbal como por escrito, en diferentes ocasiones, en ese Ayuntamiento el tener acceso a la documentación necesaria para el trabajo del grupo de concejales del que soy portavoz, y ante la negativa continuada, por parte del Sr. Alcalde, al acceso a la documentación condicionándola a que diga SI o NO, sobre si se exhibió una bandera republicana en un acto el 8-8-2009, considerando por esta parte una actuación grave del Sr. Alcalde, al vulnerar los derechos fundamentales de las personas, y que como representante de los ciudadanos del pueblo y con la misión de procurar la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, se debe garantizar el desempeño de las funciones inherentes al cargo sin perturbaciones ilegítimas como establece el Art 23 de la C.E y el Art 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. ”Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones estén en poder de los servicios de la Corporación y sean necesarios para el desarrollo de su función”, exigiéndome además una contestación, absurda, cuando el actor en esa fecha no era concejal y por tanto no formaba parte de la corporación municipal.

La negativa injustificada, (y esta lo es, al establecer como condición sine qua non, para obtener acceso, el tema de la exhibición de la bandera), a facilitar información puede constituir un hecho delictivo como así reconoció, entre otras, la STS de 22 de Enero de 1996, Sala Segunda, donde lo considera delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, así como el Código Penal en su Art 542 también lo reconoce. Esta negativa a facilitar información incide directamente en la privación de un derecho y deber del ejercicio de control y fiscalización de los órganos municipales y quebranta el art. 23 CE, ya que esa falta de información impide la participación en las funciones de control de la actuación municipal, inherentes a mi cargo.

II.- Que esta parte considera que los hechos relatados pudieran ser constitutivos de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, plasmado como Derecho Fundamental en su artículo 23 de Nuestra Carta Magna y tipificado en el Código Penal en su art. 542, o bien ser una grave infracción administrativa al impedir el ejercicio de los derechos políticos al vulnerar de forma reiterada el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

OTROSI DIGO.-Esta parte interesa el recibimiento a prueba de los documentos siguientes:

Documento nº 1: Escrito petición Decretos de la Alcaldía

Documento nº 2: Resolución denegatoria por parte de la Alcaldía a la petición de dicha solicitud

Documento nº 3: Recurso de Reposición al documento nº 2

Documento nº 4: Escrito petición de acceso al documento de devolución del Consejo Consultivo

Documento nº 5: Resolución denegatoria por parte de la Alcaldía a la petición de dicha solicitud

Documento nº 6: Recurso de Reposición al Documento nº5

Documento nº 7: Escrito petición de acceso a documentos referidos a justificación de dietas y kilometrajes

Documento nº 8 Resolución denegatoria por parte de la Alcaldía a la petición de dicha solicitud

Documento nº 9: Recurso de Reposición al Documento nº8

Documento nº 10: Escrito petición copia o acceso a las facturas emitidas por la empresa suministradora de electricidad al frontón

Documento nº 11: Resolución denegatoria por parte de la Alcaldía a la petición de dicha solicitud

Documento nº 12: Recurso de Reposición al Documento nº 11

Documento nº 13: Escrito petición copia o acceso al expediente de construcción del Edificio de Usos Múltiples y proyecto de las obras FEIL 2009

Documento nº 14: Resolución denegatoria por parte de la Alcaldía a la petición de dicha solicitud

Documento nº 15: Recurso de Reposición al Documento nº 14

Documento nº 16: Escrito petición copia o acceso permiso solicitado por la empresa Gas Natural para obras y colocación de banderolas y copia o acceso al libro de registro de entradas y salidas.

Documento nº17: Resolución denegatoria por parte de la Alcaldía a la petición de dicha solicitud

Documento nº 18: Recurso de Reposición al Documento nº 17

Documento nº 19: Escrito de petición de diversos documentos referidos a la concesión de subvenciones

Documento nº20: Resolución denegatoria por parte de la Alcaldía a la petición de dicha solicitud

Documento nº 21: Recurso de Reposición al Documento nº 20

Documento nº 22: Escrito petición gastos de la fiesta de la Magdalena 2011 y Semana Cultural

Documento nº 23: Resolución denegatoria por parte de la Alcaldía a la petición de dicha solicitud

Documento nº 24: Recurso de Reposición al Documento nº23

Documento nº 25: Escrito petición justificantes bancarios de uso del frontón en el periodo comprendido entre Junio y 11 de Noviembre

Documento nº 26: Resolución denegatoria por parte de la Alcaldía a la petición de dicha solicitud

Documento nº 27: Recurso de Reposición al Documento nº 26

Documento nº 28: Escrito petición copia o acceso a varios documentos relacionados con el alquiler de las casetas destinadas a vestuarios del Campo de Futbol

Documento nº29: Resolución denegatoria por parte de la Alcaldía a la petición de dicha solicitud

Documento nº 30: Recurso de Reposición al Documento nº29

Documento nº 31: Escrito petición copia o acceso a varios documentos relacionados con costes que el Ayuntamiento sufraga al Club de Futbol de esta localidad

Documento nº 32: Resolución denegatoria por parte de la Alcaldía a la petición de dicha solicitud.

Documento nº 33: Recurso de Reposición al Documento nº32

Por todo ello

SUPLICO AL JUZGADO, Que tenga por presentado este escrito de Denuncia, con los documentos que se acompañan, se sirva admitirlo y se sancione al infractor como en justicia proceda.

En Zamora a 22 de Diciembre de 2011.

Fdo.: -----

D.N.I. Nº ----

San Pedro del Pinatar o como retorcer las leyes para silenciar a la oposición.

2011-12-07T19:23:00.002+01:00

No es un caso aislado la denuncia que nos llega desde este municipio murciano, San Pedro del Pinatar.

La noticia la pueden leer en el siguiente enlace:

El PP prohíbe a la oposición presentar mociones ordinarias en los plenos

La alcaldesa Visitación Martínez, ha decidido prohibir a los 3 partidos de la oposición, PSOE, DPi y UPyD, presentar mociones ordinarias en los plenos.

Contesto al Secretario Municipal, si es cierto que avala con algún informe esta noticia, y contesto a la señora alcaldesa.

Lo primero es remitirnos a que dice la normativa actual sobre esta cuestión. Y en concreto al artículo 97 del ROF donde se describen que caracter tienen las intervenciones de los miembros de la Corporación. Entre ellas dos que destaco por ser objeto de este artículo, el dictamen y la moción:

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales.

Artículo 97.

A los efectos del desarrollo de las sesiones y para definir el carácter de las intervenciones de los miembros de la Corporación, se utilizará la siguiente terminología:

Dictamen, es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión informativa. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar.

Proposición, es la propuesta que se somete al Pleno relativa a un asunto incluido en el orden del día, que acompaña a la convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82.3 de este Reglamento. Contendrá una parte expositiva o justificación y un acuerdo, asimismo, a adoptar. No procederá entrar a debatir ni votar una proposición sin que previamente se haya ratificado, de acuerdo con lo dispuesto en el referido artículo 82.3, la inclusión del asunto en el orden del día.

Moción, es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de lo prevenido en el artículo 91.4 de este Reglamento. Podrá formularse por escrito u oralmente.

Voto particular, es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma parte de la Comisión informativa. Deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la Comisión.

Enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto.

Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del Pleno podrán ser debatidos, pero en ningún caso sometidos a votación.

Pueden plantear ruegos todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces.

Los ruegos podrán ser efectuados oralmente o por escrito y serán debatidos generalmente en la sesión siguiente, sin perjuicio de que lo puedan ser en la misma sesión que se formulen si el Alcalde o Presidente lo estima conveniente.

Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la Corporación, o los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.

Las preguntas formuladas por escrito serán contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata.

Las preguntas formuladas por escrito con veinticuatro horas de antelación, serán contestadas ordinariamente en la sesión o, por causas debidamente motivadas, en la siguiente.

Es cierto por lo tanto que la Moción tiene un caracter de urgente, no incluído en el orden del día, y como dice el artículo 91.4 del propio ROF con la siguiente regulación en su presentación:

"En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia, algún asunto no comprendido en el orden del día que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas".

"Si así fuere, el Portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará, acto seguido, sobre la procedencia de su debate. Si el resultado de la votación fuera positivo se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 93 y siguientes de este Reglamento".

Algo que parece dar la razón jurídica a la alcaldesa de San Pedro del Pinatar. Pero razón, solo en apariencia. Ya que la aplicación de este artículo a los grupos de oposición no es en ningún caso ajustada a derecho ya que es restrictiva en la interpretación de la normativa cuando se aplica a los grupos de oposición y muy amplia cuando se aplica al grupo político que ejerce las funciones de gobierno.

¿Por qué entendemos esto?

Para empezar en San Pedro del Pinatar niegan a los grupos de oposición capacidad para presentar dictamenes, es decir, mociones que tras pasar por las comisiones informativas se incluyen en el orden del día. Peor aún, dejan al arbitrio de la alcaldía-presidencia el criterio para aceptar las mociones/propuestas que se presentan al Pleno, sin ampararse en ningún norma (ya que no existe), solo afirmando que su potestad para determinar que es lo mejor para el municipio es suficiente para determinar que puede o no debatirse en los plenos.

No es casual que la cuestión de las mociones, dictámenes y proposiciones sea de las que más polémican suscitan. Pero también de las que más sentencias tienen aclarando su regulación.

Os recomiendo visitar artículo sobre esta cuestión que publiqué con anterioridad.

La regulación que se da de esta cuestión en la mayoría de los Reglamentos Orgánicos Municipales supera esta situación de escasa regulación y mal intencionada interpretación (de unos pocos alcaldes/alcaldesas ignorantes de la ley y mal asesorados). Y nos deja la siguiente descripción normativa de esta cuestión:

Con el Título de ,

Clases De Propuestas Y Procedimientos De Adopcion De Acuerdos

Art. --. Disposiciones generales. A los efectos del desarrollo de las sesiones, y para definir el carácter de las intervenciones de los/las miembros de la Corporación, se utilizará la siguiente terminología:

a) Dictamen, es la propuesta sometida al Pleno dictaminada por cualquier Comisión Informativa tras el estudio del asunto. Contiene una parte expositiva y un acuerdo a adoptar.

b) Proposición, es la propuesta que el/la alcalde/alcaldesa somete al Pleno sin dictamen por la respectiva comisión, en virtud de lo dispuesto en el art 56 del presente Reglamento. Contendrá una parte expositiva o justificación y un acuerdo, asimismo, a adoptar.

c) Moción, es la propuesta de resolución que pueden presentar los grupos o los concejales, de conformidad con lo previsto en el artículo -- (ver + abajo) del presente texto.

d) Voto particular, es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un/a miembro que forma parte de la comisión que lo elaboró. Deberá acompañar al dictamen desde el día siguiente a su aprobación por la comisión.

e) Enmienda, es la propuesta de modificación de un dictamen, proposición o moción, presentada de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del presente texto.

f) Pregunta, es la demanda formulada a los órganos de gobierno para que respondan o proporcionen información sobre un determinado asunto.

g) Interpelación, es el planteamiento de una cuestión sobre los motivos o propósitos de una determinada actuación o proyecto del gobierno municipal, con el objeto de obtener explicaciones al respecto.

h) Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a cualquiera de los órganos de gobierno municipal.

Art. --. Mociones. Los grupos o los concejales con la firma del portavoz de su grupo municipal, podrán presentar para su debate y aprobación por el Pleno propuestas de resolución, que recibirán la denominación de mociones. Se distinguen tres tipos de mociones:

1. Las mociones presentadas en las comisiones informativas que, aprobadas y avaladas por los informes técnicos y jurídicos que procedan, sean elevadas al Pleno a efectos de que recaiga decisión definitiva sobre las mismas. Las mociones y dictámenes procedentes de las comisiones informativas podrán acompañarse de votos particulares y enmiendas.

2. Las mociones ordinarias, presentadas en la Junta de Portavoces para que en caso de que resulten aprobadas por el Pleno, se remitan cuando fuese necesario a los órganos competentes para tramitación y adopción de la resolución que proceda.

3. Las mociones urgentes seguirán el mismo trámite que las anteriores, salvo el de presentación ante la Junta de Portavoces, que será sustituido por el de la declaración de urgencia en el Pleno.

Como pueden ver, una regulación más justa, pero sobre todo, ajustada a derecho tal como establecen reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional que han condenado a alcaldes y alcaldesas (con informes a favor e incluso en contra de sus secretarios municipales) por vulneración de derechos fundamentales.

Y es que, las mentiras (como las ilegalidades) suelen tener la patas muy cortas.

Descripción y modelo de reclamación de daños contra la Administración Local.

2011-11-19T18:37:00.001+01:00

Ya traté este tema en otro artículo. En ese caso emití informe jurídico y en esta ocasión me acerco al tema de una manera más práctica.

Os recuerdo el anterior artículo:

"Demanda de daños y perjuicios contra la Administración Local"

Y os dejo el nuevo. El modelo tiene las zonas pendientes de rellenar con excepción de algún apartado en el que he inventado una situación para que se comprenda con más facilidad que es lo que hay que explicar en el mismo.

................................

Descripción del procedimiento

La reclamación por daños a un Ayuntamiento debe ser dirigida a Alcaldía-Presidencia, a la Concejalía afectada por la reclamación y a Secretaría municipal.

El objeto de la solicitud es la petición de indemnización por daños materiales y/o personales, derivados de responsabilidad patrimonial de la administración municipal.

Siendo beneficiario la persona física o jurídica interesada. Admitiéndose que la solicitud la realice un representante que debe acreditar la representación por cualquier medio válido en derecho, o mediante declaración del interesado en comparecencia personal.

Es requisito imprescindible que los bienes o derechos del solicitante se hayan visto lesionados como consecuencia de responsabilidad administrativa. Y siempre que no haya transcurrido un año desde que ocurrió el siniestro (en el caso de daños personales el plazo de un año empieza a partir de la fecha del alta médica).

Normativa

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/92, de 26 de noviembre; BOE 285 de 27/11/1992). Artículos 32 y 70.

• Art. 145 Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen jurídico de las AA.PP y del Procedimiento Administrativo Común

Ley modificada por Ley 4/99 de 13 de enero (BOE 14/1/99).

Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (Real Decreto 429/93 de 26 de marzo; BOE 106 de 4/5/1993) artículo 6.

• Los daños que se produzcan a consecuencia del mal estado de las vías públicas, están incluidos en el “Reglamento de los procedimientos de las administraciones publicas en materia de responsabilidad patrimonial” – (articulo 54)

• Art. 54, de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que dispone: “Las Entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.”

• De la aplicación al presente supuesto de los principios generales de la responsabilidad patrimonial, recogidos en los artículos 139 y 141 LPAC, resulta la precisión que a continuación se indica, “los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualesquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos” (artículo 139.1 LPAC).

• art. 6 del reglamento del procedimiento de la Administración Pública en materia de responsabilidad patrimonial (RD 429/93 de 26 de marzo)

• art. 70 e 71.1 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas 30/92 de 26 de noviembre de 1992.

Documentación a presentar

Escrito de reclamación indicando:

Nombre, dos apellidos y DNI del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente (importante incluir teléfono de contacto).

Lugar que se señala a efectos de notificaciones.

Se especificarán con toda claridad las lesiones o daños, la relación de la causa de estas con el funcionamiento de los servicios públicos, la evaluación económica, el momento, lugar y circunstancias de producción del daño, y la petición de indemnización.

Se acompañarán cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos, como:

 Parte de la Policía Municipal, si ha intervenido.

 Testigos.

Fotos del lugar o del hecho.

 Parte médico, en su caso.

 Todo tipo de información que atestigüe el hecho.

 La documentación presentada será original, o copia que será cotejada con el original en la propia unidad tramitadora.

EN RECLAMACIONES POR DAÑOS EN VEHÍCULOS:

 Permiso de circulación, ITV y seguro en vigor.

 Fotocopia del carnet de conducir.

 Factura o presupuesto de reparación del vehículo.

Más información

PLAZO DE TRAMITACIÓN LEGAL:

6 meses.

PLAZO ESTIMADO:

6 meses.

SILENCIO ADMINISTRATIVO:

negativo.

RECLAMACIÓN PATRIMONIAL AL AYUNTAMIENTO

MODELO:

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dº/Dª :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, con domicilio en C/ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: de :::::::::::::::::::::::::::::::::: C.P. :::::::::::: y con D.N.I. nº ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, quien firma el presente escrito en prueba de conformidad y aceptación, ante VD comparece y como mejor proceda DICE:

Que en virtud de este escrito interpone reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, en reclamación de cantidad por los daños y perjuicios ocasionados por ::::::::::::::::::::::: ¿Qué ha pasado? :::::::::::::::::::::::: ocurrido como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de conformidad con los siguientes hechos y fundamentos de derecho:

ANTECEDENTES DE HECHOS

1. Daños producidos: descripción y circunstancias de tiempo y lugar de la vía en la que se produjeron los daños:

El día .. de … de …., sobre las …. horas, paseaba con mi perro por el Parque Central de Algete, a la altura de la Avenida del Cigarral, cuando como consecuencia de la presencia de cristales rotos situados en las zonas de paso, se le produjo un corte profundo en una de las patas que le ocasionó una herida profunda y una intensa hemorragia.

Como consecuencia de las heridas causadas por estos cristales se produjeron daños descritos en informe veterinario adjunto.

2. Relación de causalidad entre el daño producido y el funcionamiento del servicio público.

El daño causado es consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos y merece ser considerado causa del daño ya que es en sí mismo idóneo para producirlo según la experiencia común.

El mal estado de cuidado y conservación de la zona de paso de este Parque de titularidad municipal ha sido denunciado de manera reiterada sin que se haya dado una respuesta por parte del propio Ayuntamiento.

Este mal mantenimiento, falta de limpieza y permisividad para usos del Parque de los que tiene señalados (es zona de frecuentes “botellones”), es la causa directa del daño, y demuestra el mal funcionamiento de la administración local en sus deberes de mantenimiento de sus viales y aceras, señalización de los mismos y adecuación de los mismos para sus usos determinados.

3. Evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.

Opción 1 Reclamación daños a personas [La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial dependerá del tiempo de baja que permanezca mi representada así como de las secuelas y posible invalidez que le quede, remitiéndonos a tal efecto a los informes médicos que aportaremos en momento de su alta].

Opción 2 Reclamación daños a bienes [La evaluación económica se corresponde con las facturas presentadas y adjuntadas a la presente reclamación]

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.-De la competencia del órgano para resolver el expediente y procedimiento que ha de seguirse.

La competencia corresponden al Excmo. Ayuntamiento de :::::::::::::::::::::::::::::::::::: a quien nos dirigimos por ser la Administración titular de la zona en que se produjo el daño, de conformidad con el artículo 142.2 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2.- De la pretensión suscitada.

Es incumbencia de la Administración Titular de la vía pública la realización del mantenimiento necesario para el mantenimiento correcto de la misma y su señalización adecuada, siendo tal incorrecto funcionamiento de los servicios públicos el incumplimiento o defectuosa realización de estas obligaciones.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con los artículos 139 y siguientes de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, en relación con las previsiones del Real Decreto 429/1993 de 26 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial,

SOLICITA:

Primero: Que se tenga por presentada esta reclamación en tiempo y forma, se admita a trámite y previos los actos de instrucción que sean necesarios, se dicte resolución por el que se reconozca a esta parte del derecho a una indemnización por los daños producidos en los términos expresado en los antecedentes de este escrito.

Segundo: Que se tengan por aportado los siguientes documentos y se practique la siguiente prueba, al objeto de acreditar debidamente los hechos mencionados en la presente reclamación:

1.- Parte de Asistencia Urgente.

2.- Documentación que acredita titularidad del bien.

3.- Otra documentación acreditativa de la situación, de las reclamaciones presentadas y de acreditación de identidad.

Prueba: Que a los servicios de mantenimiento del Ayuntamiento de Algete y de seguridad ciudadana se les encargue informe sobre el estado de este Parque del municipio y usos que se da al mismo para realización de reuniones de jóvenes con botellas de cristal, con abandono y rotura de las mismas.

Otrosí Digo: Que aportaremos cuantas pruebas nos sean solicitadas de buena fe para acreditar lo expuesto en la siguiente reclamación.

En ::::::::::::::::::::::::::::::: a ::::::::: de :::::::::::::::::::::::::: de :::::::::::::::::::::::

Firmado:

Diferencias entre grupo municipal, grupo mixto y concejales no adscritos.

2011-10-03T14:02:00.000+02:00

Parece sencillo distinguir estos tres conceptos y, sin embargo, muchos Ayuntamientos no regulan las tres figuras en sus Reglamentos Orgánicos de Funcionamiento.

El grupo municipal corresponde en realidad con la figura del grupo político que se presenta a las elecciones y logra representación en un Ayuntamiento. Disfruta de derechos de manera exclusiva e independiente.
El grupo mixo corresponde con grupos políticos que logran representación pero en un número inferior al necesario para constituirse como grupo municipal. Disfrutan de derechos pero lo hacen de manera compartida con el resto de grupos que no se constituyeron como grupo municipal independiente.
Por últimos quedan los concejales no adscritos. Refiriéndonos a los casos de concejales que se salen de su grupo político por diferentes razones y que, al no poder incorporarse al grupo mixto, quedan sin unirse a ningun grupo de los que componen el Pleno municipal. Solo disfrutan de sus derechos individuales, nunca de los de grupo. Recibe indemnización por asistencias.

Esta semana he colaborado en la redacción de un Reglamento Orgánico de Funcionamiento Municipal. os dejo como quedan reguladas estas figuras presentes en el Pleno en dicho reglamento:

TÍTULO --

Los grupos municipales

Capítulo --

Disposiciones generales adscripción y constitución

Art. 127. Disposiciones generales.—1. A efectos de su actuación corporativa, los/las concejales/as del Ayuntamiento de ------- se constituirán en grupos políticos, excepto aquellos que tengan la consideración de no adscritos.

2. Corresponde a los grupos municipales designar, mediante escrito de su portavoz dirigido al/la alcalde/alcaldesa y en los términos previstos en cada caso en el presente Reglamento, a aquellos de sus componentes que hayan de representarlos en todos los órganos colegiados integrados por concejales/as pertenecientes a los diversos grupos.

3. Todos los grupos municipales, salvo las excepciones expresamente previstas en este Reglamento, gozan de idénticos derechos.

Art. 128. Adscripción a los grupos políticos.—1. Los/las concejales/as podrán constituirse en grupo municipal a efectos de su actuación corporativa.

2. En ningún caso podrán constituir grupo separado concejales/as que hayan resultado electos perteneciendo a una misma lista electoral.

3. Ningún/a concejal/a puede pertenecer simultáneamente a más de un grupo.

4. Ningún/a concejal/a podrá pertenecer a un grupo municipal diferente de aquel que corresponda a la lista electoral de la que hubiera formado parte, salvo el caso del grupo mixto.

Art. 129. Constitución de los grupos municipales.—1. Los grupos municipales se constituirán mediante escrito dirigido al/la alcalde/alcaldesa que deberá presentarse en la Secretaría General del Ayuntamiento dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sesión constitutiva de la Corporación.

2. En el mencionado escrito, que irá firmado por todos los que deseen constituir el grupo, deberá constar la denominación de este y los nombres de todos los/las miembros, de su portavoz y, en su caso, del/la portavoz adjunto o de los/las concejales que eventualmente puedan sustituirle.

3. De la constitución de los grupos, su denominación, integrantes y portavoces se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre tras cumplirse el plazo previsto en el apartado primero de este artículo.

Art. 130. Atribuciones.—Son atribuciones de los grupos políticos municipales las siguientes:

— Designar al/la portavoz y al/la portavoz adjunto.

— Proponer, de entre sus miembros, los/las concejales/as que le han de representar en las Comisiones y otros órganos complementarios y, en su caso, en los órganos colegiados de los organismos o entes dependientes del Ayuntamiento. Durante el mandato cada grupo podrá variar a sus representantes mediante escrito del/la portavoz dirigido al/la alcalde/alcaldesa.

— Formular al Pleno propuestas de resolución para su debate y votación.

— Presentar, por razones de urgencia, mociones para su conocimiento por la Junta de Portavoces, para su votación y debate, previa justificación de su urgencia.

— Participar en la función de control de los órganos de gobierno en los términos previstos en el presente reglamento.

— Recabar y obtener información sobre los asuntos municipales.

— Las demás que les atribuyan las leyes y el presente reglamento.

Capítulo --

Grupo Mixto

Art. 131. Grupo Mixto.—1. Grupo Mixto es el formado por todos/as aquellos/as concejales/as que hubieran concurrido a las elecciones municipales y no formen parte de un Grupo municipal por no haber conseguido al menos una representación de ***** concejales/as.

2. La función de portavoz podrá rotar entre los distintos miembros que compongan el Grupo Mixto, lo que deberá comunicarse al Pleno de la Corporación con la debida antelación.

3. Salvo acuerdo en contra de sus miembros, en los debates del Pleno el tiempo que corresponde al/la portavoz se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo.

Capítulo --

Miembros no adscritos, situación de nuevos miembros

Art. 132. Miembros no adscritos/as.—1. Los/las miembros de las Corporaciones Locales que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos reuniendo los requisitos exigidos por el presente Reglamento, o que fueran expulsados o abandonen su grupo de procedencia, tendrán la consideración de no adscritos/as.

2. Cuando la mayoría de los/las concejales/as de un grupo político municipal abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones o sean expulsados de la misma, serán los/las concejales/as que permanezcan en la citada formación política los legítimos integrantes de dicho grupo político a todos los efectos. En cualquier caso, el secretario de la Corporación podrá dirigirse al/la representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas.

3. Los/las concejales/as no adscritos/as no podrán tener la consideración de grupo municipal, ni podrán asociarse entre sí.

Art. 133. Derechos e intervenciones de los miembros no adscritos/as.—1. Los/las concejales/as no adscritos/as no gozarán de los derechos económicos de los grupos municipales, no tendrán la asignación económica fija ni variable que corresponde a los grupos, al no pertenecer a ninguno de ellos, respetando las dietas que se establezcan por asistencia a sesiones.

2. Asimismo, perderán los derechos políticos que corresponden a los grupos municipales, respetando los derechos de participación e intervención en los Plenos en tiempo proporcional a su representatividad. Los/las miembros no adscritos/as tienen el mismo derecho a la información y al libre acceso a la documentación que el resto de los/las miembros de la Corporación integrados en los grupos municipales.

Igualmente, podrán plantear en los debates cuestiones de orden o petición de palabra por alusiones en los términos previstos en el presente Reglamento. También podrán presentar enmiendas, votos particulares, ruegos, preguntas e interpelaciones, así como proponer mociones, asumiendo en este caso la función de ponente.

3. Los/las miembros no adscritos/as no podrán disfrutar del régimen de dedicación exclusiva, ni de dedicación parcial y perderán los puestos que ocuparen en las Comisiones para las que hubiesen sido designados por su grupo.

4. En cualquier caso, los derechos económicos y políticos de los/las miembros no adscritos/as no podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia.

Art. 134. Candidaturas presentadas como coalición electoral.— Las previsiones de los artículos precedentes no serán de aplicación en el caso de las candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguno de los partidos políticos que la integran decida abandonarla.

Art. 135. Situación de nuevos miembros.—El/la concejal/a que adquiera su condición con posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación deberá solicitar dentro de los cinco días siguientes a su incorporación, pasar a formar parte del grupo correspondiente a la lista en que haya sido elegido. Si no lo hiciera quedará automáticamente en situación de miembro no adscrito/a.

Capítulo --

Medios personales, materiales y económicos

Art. 136. Medios personales y materiales.—1. Los diversos grupos municipales dispondrán en la Casa Consistorial o dependencias municipales, de los despachos o locales que sean necesarios para que puedan reunirse de manera independiente y recibir visitas de los ciudadanos.

2. El/la alcalde/alcaldesa o el/la concejal/a responsable del Área de Organización pondrá a disposición de los distintos grupos medios personales y materiales suficientes para el digno y eficaz ejercicio de sus funciones corporativas.

3. Los grupos municipales podrán hacer uso de locales municipales para celebrar reuniones o sesiones de trabajo con asociaciones para la defensa de los intereses colectivos, generales o sectoriales, de los/las vecinos/as del municipio.

4. El/la alcalde/alcaldesa o el/la concejal/a responsable del Área de Organización establecerá el régimen concreto de utilización de locales municipales por parte de los grupos de la Corporación, teniendo en cuenta la necesaria coordinación funcional y de acuerdo con los niveles de representación política de cada uno de ellos.

5. No se permitirá este tipo de reuniones coincidiendo con sesiones del Pleno o Comisiones.

Art. 137. Medios económicos.—1. El Pleno, con cargo a los presupuestos anuales del Ayuntamiento, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial.

2. Los grupos políticos deberán llevar una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el apartado primero que quedará a disposición del Pleno, siempre que este lo solicite.

3. A los grupos políticos se les asignará *********.

4. En la distribución de estos medios el Grupo Mixto, a falta de acuerdo entre sus miembros, estará a los que dictamine el Pleno municipal por mayoría simple.

Calendario Laboral en la Comunidad de Madrid.

2011-09-19T12:15:00.000+02:00

El calendario para el año 2012 a efectos laborales, recoge las siguientes festividades:

6 de enero (viernes), Epifanía del Señor

19 de marzo (lunes), San José

5 de abril (jueves), Jueves Santo

6 de abril (viernes), Viernes Santo

1 de mayo (martes), Fiesta del Trabajo

2 de mayo (miércoles), Fiesta de la Comunidad de Madrid

15 de agosto (miércoles), Asunción de la Virgen

12 de octubre (viernes), Fiesta Nacional de España

1 de noviembre (jueves), Todos los Santos

6 de diciembre (jueves), Día de la Constitución Española

8 de diciembre (sábado), Inmaculada Concepción.

Recurso contra acuerdo de Pleno que prohíbe el voto ponderado en Comisiones Informativas.

2011-08-09T23:05:00.005+02:00

Elaborado con la colaboración de ElBlogdelConcejal....os dejo el recurso...ya os contaremos si se ha logrado el objetivo.

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D ******************** mayor de edad, con D.N.I. *********, y con domicilio a efecto de notificaciones en Plaza de la Constitución, 1 Algete-Madrid-España, ante este Organismo comparece y como mejor proceda

DICE:

Que por medio del presente escrito viene a formular Recurso de Reposición, de conformidad con lo establecido en el art. 107 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contra acuerdo plenario sobre organización de las Comisiones Informativas, de fecha 5 de agosto de 2011, en base a los siguientes

HECHOS

El Grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Algete avaló una renuncia expresa de todos sus miembros a la representación proporcional en las Comisiones Informativas, y consecuentemente, votó afirmativamente por la aceptación del voto ponderado en la constitución de las mismas, atendiendo a a:
 razones de funcionamiento eficaz y eficiente de la administración (desproporcionada presencia de concejales del Gobierno municipal y del principal partido de la oposición en las Comisiones Informativas),
 razones de organización (las Comisiones Informativas se componían de un número de concejales similar al del pleno ),
 razones económicas (reducción del coste de dietas por asistencia a comisiones en más de un 80 %) [en este criterio atendiendo a un criterio individualizado de ahorro en la gestión económica según partidas contables independientes]
 y a razones legales (la legislación autonómica ampara y justifica el voto ponderado en las Comisiones Informativas cuando se justifique por causas excepcionales o cuando los concejales que se vean afectados acepten esta formulación de manera expresa con su voto).
Se dedican a la regulación de las Comisiones Informativas los arts. 123 y ss ROF. Destacamos el art. 125 que dispone que en el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinara la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes reglas:
b) Cada Comisión está integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación. Esto implica que las comisiones informativas estarán integradas por los miembros que designen los distintos grupos políticos que formen parte de la Corporación, de modo proporcional a su representatividad. Todos los grupos contarán, salvo renuncia expresa, con un miembro al menos en cada comisión.

La prohibición de que los Grupos políticos del Partido Popular y del PSOE en el Ayuntamiento de Algete puedan renunciar expresamente a la representación proporcional en las Comisiones Informativas, aplicándose en consecuencia un sistema de voto ponderado para sus votaciones, va en contra del propio derecho de los concejales afectados por esta decisión de renunciar expresamente a esta representación proporcional en beneficio de un sistema de representación del Grupo político al que pertenecen que sea diferente pero que se haya justificado por razones de funcionamiento, económicas o de organización que el actual ordenamiento jurídico no entra a valorar.

Ordenamiento jurídico, normas, que solo exigen que el voto ponderado no se imponga a ningún concejal o grupo político que no acepte expresamente este sistema. O lo que es lo mismo, que se imponga a un concejal que haya votado en contra o que se establezca en una norma de general aplicación como sería el Reglamento Municipal.

Y esta situación se da en el caso concreto que tratamos ya que la propuesta de representación y voto ponderado en las Comisiones Informativas del Ayuntamiento de Algete no se imponen en una norma de general aplicación [ROM] (es un acuerdo de pleno de exclusiva aplicación para la actual legislatura y modificable en cualquier momento por la misma vía), afecta solo a dos grupos municipales (el resto de grupos tienen la misma representación con independencia del sistema que se adopte) y contaba con el voto a favor de todos los concejales afectados por este sistema (es decir, había una renuncia expresa a la representación proporcional).

En este punto queremos recordar que nuestro ordenamiento permite que se opte por repartir los puestos en las Comisiones de tal forma que la formación de mayorías sea reflejo del Pleno: ya sea integrando estas con un número de miembros igual para cada grupo; ya sea aplicándose el sistema de voto ponderado para la adopción de sus dictámenes, pero permitiendo la representación proporcional por Grupos; o, por último, estableciendo un reparto proporcional a la representación que tiene cada Grupo municipal en el pleno, aceptando el voto individual de los asistentes.

Hay que resaltar como el Tribunal Supremo indica que todos los grupos contarán, salvo renuncia expresa, con un miembro al menos en cada comisión. Así lo ha declarado el TS, entre otras, en Sentencia de 8 de febrero de 1999, de la que destacamos:

“Pues si bien es cierto que los acuerdos municipales, que establecen el voto ponderado, posiblemente permitirían alcanzar dicha proporcionalidad, ello sería solo en el aspecto funcional de la adopción de los acuerdos por las Comisiones, pero no en su estructura o composición.”
[Resaltando de esta sentencia como se avala una composición de facto de las Comisiones Informativas en las que existe número proporcional de concejales en las deliberaciones y voto ponderado por Grupos políticos en la toma de decisiones. Y que confirma la intención del legislador de que la representación proporcional es en la fase de las deliberaciones, y no en las votaciones; aceptándose la renuncia expresa de los concejales, por cuanto no perjudica la posición política de los Grupos municipales, ni los derechos del propio concejal].

No somos ajenos a que el voto ponderado se permite en aquellos municipios donde sus Comunidades Autónomas tengan regulada la posibilidad de este sistema. Invitamos en este caso a leer la Ley 2/2003 de Administración Local de la Comunidad de Madrid y en concreto su Artículo 33 que dice “podrá adoptarse cualquier sistema que garantice que el sistema de mayorías de la Comisión es similar al del Pleno y, entre ellos, el voto ponderado en las Comisiones”.

Así mismo los arts. 137 y 140 CE garantiza la autonomía de los municipios para la gestión de sus intereses y diseñan los rasgos esenciales de su organización sobre la que se ha pronunciado el TC (TC SS 4/1981, 32/1981, 84/1982, 32/1985, 27/1987, 259/1988 y 214/1989, entre otras).

Hay que hacer también la aclaración previa de que en materia de organización municipal el orden constitucional de distribución de competencias se funda en la existencia de tres ámbitos normativos diferentes correspondientes a la legislación básica del Estado (art. 149.1.18 CE), la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas, según los respectivos Estatutos, y la potestad reglamentaria de los municipios inherente a la autonomía que la CE les garantiza en el citado art. 140.

Siendo la propia Ley de Bases de Régimen Local la que se declara complementaria de la legislación autonómica en la materia que toca a este recurso:
Artículo 20.
1. La organización municipal responde a las siguientes reglas:
c. En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno.

Siendo en este reparto de competencias donde se fundamenta que cuando exista una legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas que admita el voto ponderado, los acuerdos de pleno, que no el reglamento municipal, podrán incluir este sistema de representación de las Comisiones Informativas. Siempre que cuente con una renuncia expresa (y el voto lo es) de aquellos concejales que se vean afectados por este acuerdo.

Y lo que es más importante, y lo comentamos sin profundizar en la cuestión, nuestro ordenamiento jurídico y diferentes sentencias consideran los acuerdos de pleno complementarios del Reglamento Municipal: cuando tengan la función de ampliar o complementar a este. Y siempre que no vayan contra las disposiciones de rango superior que tanto a nivel estatal, como autonómico les afecten. Pero también, cuando no exista regulación en el propio Reglamento Municipal. Aceptándose que también estas propuestas de acuerdo aprobadas en pleno tienen el mismo rango que el ROM por aplicarse en materias de organización municipal de las que tienen capacidad decisoria el pleno municipal.

Es claro que la potestad de autoorganización (art. 4.1 a Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local) ha de ejercitarse en el marco de los límites establecidos en la legislación estatal y en las legislaciones de desarrollo de las Comunidades Autónomas. Pero no es menos cierta la gran autonomía que se concede a las corporaciones locales para su autoregulación. Y en este sentido, el legislador estatal establece un modelo organizativo común y uniforme para las entidades municipales, a partir del cual, y con pleno respeto al mismo, las propias Entidades locales pueden dotarse de una organización complementaria en virtud de los correspondientes Reglamentos Orgánicos (SSTS 9 Feb. 1993 y 11 Mayo 1998, entre otras).

Para quienes creen que el ROF está por encima de nuestro ordenamiento autonómico. Véase la STC 214/1989 de 21 Dic. que declaró inconstitucionales varios artículos de la legislación de ámbito estatal porque venían a eliminar la posibilidad de un espacio normativo para la legislación autonómica de desarrollo en materia de organización. En conclusión, que se violaba el orden constitucional de distribución de competencias en esta materia que se funda en el reconocimiento de los tres ámbitos normativos antes señalados.

Las Comisiones Informativos son consideradas complementarias de los Órganos de Gobierno Municipales (Art. 119 ROF). Se han constituido en instrumentos de control y fiscalización de la gestión municipal. Complementando la propia labor de fiscalización que realiza el pleno. Siendo el Art. 20 quien habla de Comisiones de estudio, informe o consulta y además de seguimiento.

En la cuestión de la propia existencia de las Comisiones Informativas el legislador ha querido que estas sean obligatorias en los municipios de más de 5000 habitantes (Art. 20.1.c LBRL). Pero en la línea de lo expresado en este recurso es el propio legislador quien recuerda y se vuelve a remitir a la legislación autonómica en el caso de que esta prevea algo diferente para su organización y funcionamiento. Siendo de general aceptación que las Comisiones tienen una labor clara de fiscalización y control previo de los acuerdos que se tomen tanto en el Pleno como en las propias Juntas de Gobierno. Estamos hablando de unas atribuciones que son de estudio, informe o consulta de los asuntos que han ser sometidos a la decisión del Pleno, y que por otra parte, son de seguimiento de la gestión del Alcalde y la Junta de Gobierno Local y de los Concejales que ostenten delegaciones.

Las primeras funciones fueron las tradicionales de este tipo de Comisiones y son las únicas contempladas en el ROF, cuyo art. 123 ROF dispone:
“1. Las Comisiones Informativas, integradas exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno Local cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes.
2. Igualmente informarán aquellos asuntos de la competencia propia de la Comisión de Gobierno, y del Alcalde o Presidente, que les sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos”.
La nueva redacción del apartado 1,c) del art. 20 LRBRL incluye entre las funciones de las Comisiones Informativas, no solo la tradicional de carácter informativo, sino también la nueva de “seguimiento de la gestión” de los órganos ejecutivos, y las considera obligatorias en los Municipios mayores de 5000 habitantes permitiendo su existencia en los demás, siempre que la legislación autonómica no prevea en este ámbito otra forma organizativa diferente, pues si la prevé, será esta la aplicable. [Fernando Castro/Esteban Corral – MdC – 2007]

Unas atribuciones que justifican que cualquier estructura de las Comisiones Informativas admita excepciones a la regla general de la proporcionalidad siempre y cuando no se perjudique a su normal funcionamiento. Y por ello cada día encontramos estructuras diferentes para la composición de las Comisiones en Municipios de toda España que no han sido recurridas a los tribunales (por cuanto a pesar de ser excepciones a una pura representación proporcional de la composición del Pleno, garantizan en cualquier caso el funcionamiento normal y correcto de estas Comisiones). Y en esa línea se refiere STC de 6 de marzo de 1985 [EC 687/1985]:

“…respeto de esta proporcionalidad que, naturalmente, no implica la necesidad de que cada una de las Comisiones sea reproducción exacta, a escala menor, del Pleno Municipal, sino solo la de que, en cuanto la diferencia cuantitativa y otras consideraciones objetivas lo hagan posible, al fijar la composición de las Comisiones se procure dotar de presencia en ellas a las fuerzas políticas presentes en el Pleno”.

Una vez más las composición no se obliga a una representación proporcional pura del Pleno en las Comisiones Informativas. Si no a un respeto a sus atribuciones, a la presencia de todos los grupos y a su funcionamiento según la legislación que le afecta.

No es de extrañar por ello encontrar una estructura de voto ponderado en el Ayuntamiento de Rivas admitida por todos los Grupos políticos presentes en el Pleno (pero que por su excepcionalidad no se incluye en el ROM). O de que en el Ayuntamiento de Alcobendas el Grupo político con mayoría en el Pleno tenga un miembro más en las Comisiones Informativas que la suma del resto de Grupos (no siendo reflejo puro de la proporcionalidad del Pleno pero sí respetuoso con sus atribuciones) [igualmente que en el Ayuntamiento de Rivas no incluida esta estructura en el ROM por ser excepción a la regla general].

Excepcionalidad que las STS 30/1993 y STS de 17 de diciembre de 2001 hace suya cuando ante la demanda presentada por un único concejal electo en las elecciones y que formaba parte del Grupo Mixto, pleiteando por no habérsele atribuido en su condición de Concejal un puesto en las Comisiones Informativas (se razonó su exclusión por cuanto su presencia hacía inviable y desproporcionado el número de Concejales del resto de Grupos políticos que tendrían que también estar presentes), se acepta su pretensión al indicar que.

“Es por eso que cabe concluir que todo grupo, por el mero hecho de serlo, puede pedir y tiene el derecho a que al menos uno de sus concejales forme parte de todas las Comisiones, por lo que no se le puede obligar a tomar su opción de voto en la decisión final sin haber podido acceder a su fase de preparación y estudio en comisión…”
“…y por eso no pueda alcanzarse una proporcionalidad matemática exacta en la formación de las Comisiones, ha de ser ese principio el que ceda a favor de la participación en la fase de estudio y preparación de las decisiones, aspecto perfectamente incardinado en la doctrina constitucional que señala que la proporcionalidad no implica de ningún modo que cada una de las comisiones sea reproducción exacta a escala menor del Pleno municipal sino solo la de que al fijar la composición se procure dotar de presencia en ellas a las fuerzas políticas presentes en el Pleno”.

Una vez más se autoriza y se permite no aplicar una estricta regla de proporcionalidad en la composición de las Comisiones Informativas. Y lo que es más avanzado, deja clara esta sentencia que no existe un mandato constitucional que prohíba hacerlo. O lo que es lo mismo: no hay derecho fundamental vulnerado a ningún concejal si se dan las condiciones previas para aplicar composiciones de las Comisiones diferentes a la estricta regla de representación proporcional e imagen fiel del Pleno municipal que se podría entender de la lectura de algunas artículos de nuestra legislación actual.

Por todo lo expuesto,

SOLICITO al presente Organismo, tenga por presentado este escrito, se sirva admitirlo y en su virtud por formulado Recurso de Reposición contra el acto de pleno de fecha 5 de agosto de 2011, y tras los trámites oportunos, resuelva estimarlo declarando que se proceda a autorizar la constitución de Comisiones Informativas con igual número de representantes por Grupo municipal, con voto ponderado.

Justificando nuestra pretensión en que:

1. Es un acuerdo de Pleno modificable, que no se extiende más allá de esta legislatura y que no se presenta como propuesta de regulación definitiva para incluir en el ROM del Ayuntamiento de Algete.
2. Es un acuerdo de Pleno que afecta solo a dos Grupos políticos.
3. Es un acuerdo de Pleno que cuenta con el voto a favor de los Concejales miembros de estos dos Grupos políticos.
4. Que el voto a favor de estos concejales se entiende como una renuncia expresa, que acepta y contempla nuestro ordenamiento.
5. Que en la decisión de optar por el voto ponderado se han presentado razones económicas para no aplicar el criterio de representación proporcional.
6. Que en la decisión de optar por el voto ponderado se han presentado razones organizativas de mejora en la eficacia y eficiencia de las deliberaciones y funcionamiento de las Comisiones.
7. Que el acuerdo de Pleno de 5 agosto no tiene en cuenta que las Comisiones Informativas podrían haber tenido una composición proporcional en las deliberaciones pero aceptando un voto ponderado por Grupos políticos en las toma de las decisiones.
8. Que la propuesta que se modificó en el acuerdo de 5 de agosto respetaba la presencia de un miembro por Grupo político. Por lo que no se comprende el inicio de un procedimiento que diera como resultado esa modificación si no existía legitimación activa de ningún miembro del Pleno municipal para impugnar ese acuerdo inicial.
9. Que el Grupo político del PSOE (constituido en Grupo Municipal propio) considera que con el acuerdo de 5 de agosto se le vulnera su derecho fundamental a decidir libremente su presencia en los órganos complementarios del Pleno municipal. Atendiendo al criterio de que nuestra propuesta inicial, que contó con el voto a favor del otro Grupo político mayoritario, no afectaba a los derechos de ningún otro Grupo político y mucho menos de ningún concejal del Pleno municipal del Ayuntamiento de Algete.

La importancia de una Comisión de Vigilancia de Contratación en los Ayuntamientos.

2011-07-27T22:35:00.002+02:00

La Comisión de Vigilancia en Contratación que tanto se están prodigando en los Ayuntamientos, pero que tantos otros faltan por instaurar, es una pieza esencial de fiscalización de la contratación (incluso de los contratos menores) que se pone en manos de los grupos políticos de oposición en un ejercicio de transparencia que hay que felicitar a los Gobiernos municipales que lo practican.

Ejemplar el caso del Ayuntamiento de Madrid que nombra presidente de esta comisión a un concejal del principal partido de la oposicón. Y ejemplar en general todos los ayuntamientos que han seguido esta iniciativa.

Lo más correcto es que se incluya esta comisión y su regulación en el Reglamento Orgánico Municipal.

Tendrá como cometido el control y vigilancia de la actividad contractual de la administración municipal. Garantizando la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia en la contratación pública.

Se recomienda su convocatoria mensual para hacer un seguimiento de todos los expedientes de contratación, incluidos los de menor cuantia. Y deberá elaborar una memoria de actividades, que se elevará al Pleno, en la que se recogerán los trabajos realizados y se propondrán la adopción de medidas que se consideren necesarias para mejorar los procedimientos de contratación y el uso racional de los recursos públicos.

Os dejo una propuesta de regulación de la Comisión de Vigilancia de Contratación:

Artículo. -- Naturaleza y objeto.

1 . La Comisión de Vigilancia de la Contratación es el órgano de control y de vigilancia de la actividad contractual del Ayuntamiento de ---------.
2. El objeto de la Comisión es garantizar la aplicación efectiva de los principios de publicidad, libre concurrencia, objetividad, transparencia y eficacia en la contratación pública.
3 . Para el ejercicio de sus atribuciones conocerá de los contratos celebrados por el Ayuntamiento de --------- y sus Empresas Públicas.

Artículo. --. Atribuciones.

Respecto de los contratos que celebre el Ayuntamiento de ---------- y sus Empresas Públicas, la Comisión de Vigilancia de la Contratación tendrá las siguientes atribuciones:
a) Analizar los contratos celebrados por los órganos incluidos en su ámbito de aplicación y emitir el informe derivado de dicho análisis.
b) Requerir a los órganos de contratación la documentación relativa a los contratos que celebren.
c) Requerir la presencia de cualquier miembro de la Administración Local que hubiese actuado o fuera responsable de la gestión de los contratos.

Asimismo podrá requerirse la presencia del personal al servicio de la Administración Municipal con el fin de que aporte información sobre algún asunto en concreto o instarle para que emita informe por escrito.

Artículo. -- . Memoria anual.

1 . La Comisión elaborará una memoria anual de actividades, en la que se recogerán los trabajos realizados por la misma y se propondrá la adopción de las medidas que se consideren necesarias para mejorar los procedimientos de contratación y el uso racional de los recursos públicos.
2 . La memoria se elevará al Pleno.

Una necesaria Política de Familia.

2011-07-25T15:48:00.001+02:00

La institución de la familia ha sido siempre situada dentro de la esfera de lo privado, de la vida íntima de cada uno y alejada de la influencia de los asuntos públicos. En este contexto la existencia de políticas específicas de familia era rechazada como una incongruencia con el propio concepto de privacidad de esta institución. Y se daba incomprensiblemente la espalda a una necesaria política específica de familia que aceptara la existencia de problemas o situaciones que afectan a la mayoría de las unidades familiares y que buscara darles una respuesta colectiva.
En la actualidad todas las administraciones mantienen con mayor o menor acierto actuaciones que dirigen a las familias. Actuaciones que, sin embargo, no se integran en un plan general que considere a la familia como una institución independiente. Y que nos lleva a observar la dispersión de estas políticas a lo largo de los diferentes departamentos, areas y situaciones que trabaja una determinada administración.

Si existen políticas de deporte y responsables específicos que las desarrollan, ¿Por qué no existen políticas de familia y responsables que las desarrollen de una manera integral?

No solo esto. La falta de este compromiso con la institución de la familia acaba dejando su desarrollo en manos de la voluntad de los técnicos y políticos del lugar y del momento. Unos apostando por la fiesta familiar, y el folclore, y olvidando actuaciones de apoyo específico. Otros incluyendo a las familias en programas de políticas sociales que crean una erronea sensación de marginalidad. Y los últimos, los que llaman políticas de familia a la necesaria bonificacion de impuestos, pero olvidando que la familia tiene otras necesidades y otros problemas que no encuentran respuesta en las políticas de hacienda.

Si por política familiar entendemos los programas de intervención en las familias. Deberemos conocer el límite de las responsabilidades asignadas a esta institución y proceder en consecuencia en amoldar el sistema a estos límites. Trabajamos hacia un objetivo, pero lo haremos desde una perspectiva específica, y no desde una batería de medidas dispersas en las áreas, en las estrategias, en los medios y en los objetivos.

Una política familiar se convierte de esta forma en un conjunto de actuaciones que tienen el objetivo de aportar recursos a las personas que conforman unidades familiares para que desarrollen con éxito los cometidos que les encarga la sociedad. Entre otros cometidos, y por resaltar uno, el cuidado de los hijos menores dependientes.

Recursos económicos (el caso de las bonificaciones fiscales), servicios sociales, apoyo educativo, recursos materiales, programas de apoyo, campañas de concienciación, …. o lo que es lo mismo, medidas de apoyo a las familias que facilitan a las personas que las conforman el dar cobertura a su unidad familiar, facilitando su constitución, su desarrollo y evitando cualquier obstáculo que penalice a la familia económica, social o profesionalmente.

En España la realidad actual es que las políticas sociales que van dirigidas a las familias se encuentra dispersa entre diferentes programas. Y que estos programas tienen a su vez diferencias de criterio, de objetivos y de destinatarios. Políticas de mujer, juventud, mayores o vivienda tienen intencionalidad de cubrir necesidades de la familia, pero se trabajan con conceptos alejados de su realidad. No existiendo estrategias o previsiones de conjunto. Y conduciendo todo ello a una falta de coordinación de las políticas, a contradiciones y a una innegable ineficacia en el resultado.

El conocer esta realidad debe hacernos replantear la necesidad de constituir departamento específicos en todas las administraciones públicas, con independencia del ámbito territorial, que desarrollen políticas específicas de familia. Para ello se deben plantear objetivos claros y estrechamente ligados a la realidad que viven las familias. Debemos rechazar los debates sobre cuestiones de principio o de controversia ideológica. Y aceptar que las políticas de familia son tan necesarias como cualquier otra. Y por ello requieren la atención, el desarrollo y los recursos que la encaminen a liderar las políticas sociales de cualquier administración, pero con la vista puesta en su tratamiento específico e individual.

Concluyo recordando que si la crisis nos ha enseñado algo es que la institución de la familia ha sido la principal barrera contra la exclusión social provocada por el incremento del desempleo. Razón suficiente para plantearnos el necesario apoyo a las familias. Pero que no nos debe hacer perder la vista de la realidad de que, la familia, es pilar básico de una sociedad prospera por más razones que la de ser colchón de los momentos difíciles.

Impugnación al Reglamento Orgánico del Concello de Sanxenxo

2010-02-10T15:47:00.002+01:00

Os dejo un documento que me parece, bueno en la forma y muy bueno en el fondo. Incide en un tema que cada día es más noticia y menos gracioso: la manía de alcaldes "iluminados" de intentar restringir derechos para poder hacer lo que ellos quieran en su labor municipal.

Es un mal comienzo para un alcalde, querer restringir derechos; y es un buen comienzo para quienes quieren liderar su política municipal, por defenderlos. Defender la libertad de expresión, la labor de fiscalización de los grupos de oposición, los foros de debate y discusión, ... defender, en definitiva, los valores de nuestra Constitución.

Lo dicho, os dejo este recurso de impugnación, y desde el blog, nuestro suspenso a quién ampara Reglamentos que parecen más Leyes Fundamentales que una Ley de la Democracia.
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CONCELLO DE SANXENXO
IMPUGNACIÓN REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CONCELLO.

******, en mi condición de representante municipal por el partido*******; ante Vd. comparezco y,

D I G O :

Que, con el 6 de agosto de 2009 ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el extracto del acuerdo del Pleno Ordinario de la Corporación Municipal de Sanxenxo celebrado el 28 de Julio en virtud del cual se acuerda la aprobación inicial del Reglamento Orgánico del Concello, concediendo a los interesados un plazo de treinta días hábiles desde dicha publicación para la formulación de alegaciones al texto.

La organización política a la que represente desea mostrar su desacuerdo con una parte del contenido de dicho Reglamento, formulando su OPOSICIÓN a la aprobación definitiva del mismo, y mostrando su DISPOSICIÓN a su impugnación en vía jurisdiccional, de no ser rectificados los aspectos que a continuación se reseñan y por el procedimiento que en cada caso se delimita.

MOTIVOS DE IMPUGNACIÓN

PRIMERO. DE OPORTUNIDAD.

En el texto aprobado, y al margen de alguna que otra corrección de tipo técnico que consideraríamos enriquecedora del documento, se establecen serias limitaciones al ejercicio de las funciones de fiscalización y control que le corresponden a los Grupos Políticos con representación municipal. Limitaciones en tiempo y limitaciones en contenido.

Como se expresará con la necesaria precisión con posterioridad, la diferencia entre considerar a ambos tipos de limitaciones como una forma de agilización de las instituciones o como una forma de restricción de derechos constituye una estrecha pero en ocasiones, como la que nos ocupa, obvia línea.

Y así lo han comprendido, entre otros, los Concejales del Partido Popular e incluso del Partido Socilista de Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna en Tenerife que, ante la aprobación por Coalición Canaria, Partido en el Gobierno Municipal, de una ordenanza con el mismo alcance que la que nos ocupa en la actualidad, la han calificado de “mordaz” al “tratar de reducir a la mínima expresión el margen de maniobra que tiene la oposición para controlar al equipo de gobierno"; lo suscribe el Partido Popular de La Laguna, y lo ratificamos nosotros. Lo que pretende el Grupo Municipal del partido Popular de Sanxenxo es amordazar a la oposición y tratar de reducir sino eliminar las posibilidades de fiscalización y control del Grupo de Gobierno. Y tal y como igualmente expresan los representantes del Partido Popular “se limita el derecho fundamental que ostentan los concejales de la oposición”. Y nosotros lo ratificamos.

Y se preguntarán por qué es posible que el Partido Popular de La Laguna critique amargamente algo que el Partido Popular de Sanxenxo pretende aprobar. Pues bien, la razón es más bien de lógica jurídica. La normativa en vigor y citada en el Reglamento que se aprueba, no establece limitación alguna con respecto a la labor de fiscalización de los partidos en la oposición, con lo que no existe cobertura de legalidad a la medida que se pretende, si bien es cierto que alguna resolución judicial ha tolerado alguna limitación introducida a través de los Reglamentos del tipo que nos ocupa, pero el problema es que el criterio de proporcionalidad a partir de ese instante no queda en manos de la ley sino del gobernante, y los criterios que la jurisprudencia antes apuntada establece no son tenidos en cuenta.

Así, cabrá limitaciones cuando se den supuesto como delegaciones plenarias, comisiones plenarias, Ayuntamientos de Grandes Ciudades, amplios períodos de tiempo de uso en el Pleno o amplio número de mociones, preguntas, etc… en cada uno de los plenos. Cuando ninguno de dichos supuestos se produce no nos encontramos ante una lógica limitación del espacio y del tiempo en el funcionamiento de la Administración, sino en la pura restricción de un derecho fundamental, de ahí que los Concejales del Partido Popular de La Laguna se desesperan, al igual que VIPS y por ello formulamos las alegaciones contenidas en el presente documento y que, insistimos, de no tener favorable acogida en el documento definitivo serán objeto de impugnación jurisdiccional.

SEGUNDO. DE LEGALIDAD.

I DE LEGALIDAD ORDINARIA.

En este apartado procedemos a exponer, con el único interés de enriquecer el documento que nos ha sido sometido a consideración, aquellos defectos que entendemos tiene el documento y que constituyen meras imperfecciones de legalidad ordinaria no constitutivas de restricción de derechos fundamentales y por ello revisables en vía ordinaria:

A. ARTÍCULO 7.1.a).

En el régimen de derechos de acceso a los antecedentes, datos e información en poder de los servicios técnicos municipales, los artículos 5 y 6 del Reglamento establecen sendas posibilidades, la primera previa petición a la Alcaldía y con el régimen previsto en el artículo 5º y la segunda, sin necesidad de requerimiento y/o autorización previa cuando se refiera a las materias contenidas en el artículo 6º.

A pesar de lo expuesto, el artículo 7º a cuya impugnación nos referimos, establece un régimen que regirá para la consulta y examen de los expedientes y en el mismo prevé una restricción no contemplada en los artículos anteriores:

“… El libramiento de copias y la expedición de certificaciones se limitará a los casos citados en el punto c) del artículo anterior y a los supuestos en que esto sea autorizado por la Alcaldía…”.

Entendemos que tal limitación está fuera de lugar, por aplicación de los artículos 77 de la Ley 7/1985, 226 de la Ley 5/1997 autonómica de Administración Local de Galicia y 14 y 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; todo ello en conjunción con el contenido de los articulos 23.1. y 23.2. de la Constitución Española en cuanto establecen el derecho del concejal, dada su condición de representante público, de obtener cuanta información mediante consulta y/o expedición de copia, tenga relación con el cometido que desempeña.

Por todas, citamos el contenido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-administrativo de 31 de octubre de 2007 en la que se efectúa un resumen de la Sentencia del Tribunal Constitucional 177/2002 del 14 de octubre y 203/2000 de 15 de octubre:

“TERCERO.- La cuestión es asimilable, como sostiene el apelante, a la resuelta por esta Sala con relación al mismo Ayuntamiento en la sentencia de 1 de marzo de 2006, dictada en el rollo de apelación 379/2005 , aún cuando en este caso se invocase el procedimiento preferente de protección de derechos fundamentales.

Se decía en aquella sentencia, y procede reiterar ahora, por aplicación de los principios de igualdad, seguridad jurídica y unidad de doctrina que: "Tal como ha resumido la sentencia del Tribunal Constitucional 177/2002, de 14 de octubre , recordando lo que se hizo constar en la anterior STC 203/2000, de 15 de octubre, FJ 2 , en una línea jurisprudencial que se inicia con las SSTC 5/1983, de 4 de febrero, y 10/1983, de 21 de febrero , el propio Tribunal ha establecido una directa relación entre el derecho de un parlamentario (extensible a un concejal como representante político de los ciudadanos) ex art. 23.2 ("a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes") y el que la Constitución atribuye a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (art. 23.1 ), pues "son primordialmente los representantes políticos de los ciudadanos quienes dan efectividad a su derecho a participar en los asuntos públicos", según se ha declarado también en la STC 107/2001, de 23 de abril, FJ 3 . De suerte que el derecho del art. 23.2 CE EDL1978/3879 así como, indirectamente, el que el art. 23.1 reconoce a los ciudadanos, quedaría vacío de contenido, o sería ineficaz, si el representante político se viese privado del mismo o perturbado en su ejercicio (SSTC 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2, y 32/1985, de 6 de marzo, FJ 3 ). Esa directa vinculación entre ambos preceptos constitucionales permite deducir que se trata de un "derecho de configuración legal" y esa configuración comprende los Reglamentos parlamentarios y la regulación de las actuaciones de los concejales en la normativa de régimen local, a los que compete regular y ordenar los derechos y atribuciones que los mismos ostentan. Es por ello que ha de acudirse a esta normativa de régimen local en el caso presente a los efectos de analizar si se ha producido la violación que se denuncia".

CUARTO.- Y, en relación con tal extremo, se indicaba que "Lo anterior nos lleva a la interpretación de normativas ordinarias relevantes para el conocimiento y resolución del presente litigio, como son la Ley 7/1985, de 2 de abril EDL1985/8184 , reguladora de las Bases del Régimen Local o el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por RD 2.568/86, de 28 de noviembreEDL1986/12278 , y legislación complementaria.

“…El artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 226 de la Ley autonómica 5/1997, de 22 de julio , de Administración Local de Galicia, establecen que "todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función". Por su parte el artículo 14.1 RD 2568/1986 regula el antedicho derecho de forma idéntica al relatado en el anterior párrafo, entendiéndose concedido el acceso a las informaciones por silencio administrativo transcurridos cinco días (art. 14.2 ), especificándose ese derecho en la consulta y examen de los expedientes, libros y documentación en general, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, ya sea mediante la entrega de los mismos o copia al miembro de la Corporación interesado (art. 16 )". Añadiendo, en relación al acceso a las nóminas "En cuanto al acceso a las nóminas del personal al servicio del concello, se razona, para denegarlo, que no es necesaria porque toda la información económica relativa a las mismas está incluida en los presupuestos generales del concello, así como en las plantillas y relación de puestos de trabajo, y que al tratarse de datos personales están protegidos por la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre. Ninguno de estos argumentos resultan convincentes, en primer lugar porque, de cara a un adecuado desempeño de la labor de control que corresponde a un concejal, uno de los objetivos del examen de las nóminas puede ser precisamente verificar su coincidencia con lo que figura en los presupuestos generales del concello, en las plantillas y relación de puestos de trabajo, así como la constatación de que se abonan correctamente las retribuciones debidas por lo que no basta con la información que éstas proporcionan, y en segundo lugar porque ya el artículo 16.3 ROF prevé la posibilidad de que los miembros de la Corporación local tengan acceso a informaciones reservadas que se les faciliten para el desarrollo de su función, respecto a las cuales han de guardar secreto, lo que es perfectamente aplicable al caso presente, cohonestándose con la protección de la Ley Orgánica 5/1999 a través de ese deber de reserva. Lo que no cabe es decidir esta cuestión con la mera invocación de la jerarquía normativa, alegando que aquella LO 5/1999 EDL es de rango superior al ROF, ya que en realidad la confrontación es con el ejercicio del derecho fundamental derivado de los artículos 23.1 y 23.2 CE que al actor corresponde, y que no se puede ver restringido ni constreñido del modo que se alega en cuanto ello podría conllevar una limitación inasumible de aquel derecho fundamental en el aspecto del desempeño de la función de un concejal como representante de los ciudadanos.

Así, pues, gozando el derecho de un concejal a obtener información de cobertura constitucional, legal y reglamentaria, siendo dicha información imprescindible para el debido ejercicio de las funciones de fiscalización y control de la gestión municipal, resulta patente la actuación contraria a Derecho del Ayuntamiento demandado y, más concretamente, de su alcalde y secretario, al no proporcionar al actor por completo la información solicitada, máxime teniendo en cuenta la adecuación de ésta a la función propia de un concejal"

Y, en lo que atañe al derecho a la obtención de copia de dichos documentos se indicaba que "Respecto a las copias de la documentación, que implícitamente ha sido denegada, el artículo 14.1 RD 2568/1986 regula el derecho de acceso a la información y documentación municipal, entendiéndose concedido el acceso a las informaciones por silencio administrativo transcurridos cinco días (art. 14.2 ROF ), especificándose ese derecho en la consulta y examen de los expedientes, libros y documentación en general, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, ya sea mediante la entrega de los mismos o copia al miembro de la Corporación interesado (art. 16 ROF ). Incluso si analizáramos la situación sin tener en cuenta la condición de concejal del peticionario de información por fotocopias, la lectura conjunta y armónica de los arts. 18.1 e) y 70.3 de la Ley 7/1985 , en relación al art. 207 ROF y al art. 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, permitiría determinar que cualquier vecino de un municipio, y más si reúne la condición de interesado, tiene el derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y "obtener copias de documentos contenidos en ellos". Asimismo, el art. 37 de este último texto legal permite el acceso a los expediente terminados (apartado 1 ), conllevando tal acceso el derecho a obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración. Por tanto, resulta indudable que el actor tiene derecho a la obtención de las copias de los documentos".

Todo ello como presupuesto del derecho del Concejal al acceso completo a los expedientes de referencia, incluida la obtención de copias , lo que conlleva en el presente caso a idéntico pronunciamiento y, con ello, la estimación del recurso.

Por todo ello, y dado el principio de reserva de ley, y la necesidad de acomodar el contenido de los pronunciamientos contenidos en el presente reglamento a lo expresado por las normas que se citan en su artículo segundo, procedería dejar sin efecto la limitación contenida en el artículo 7.1.a) en cuanto a la limitación con respecto al libramiento de copias.

B. ARTÍCULO 16.4. IMPUGNACIÓN POR LA PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES Y CONVOCATORIAS DE LAS COMISIÓN INFORMATIVAS.

En su condición de órgano de carácter consultivo previo tanto al Pleno de la Corporación como a la Junta de Gobierno Local, las Comisiones Informativas deberán ser convocadas con carácter ordinario, y salvo los supuestos de urgencia, con la misma periodicidad no solo que el Pleno sino también que las sesiones de la Junta de Gobierno Local. Por ello el reglamento debe introducir la mención a la convocatoria obligatoria previa a la reunión de la Junta Local de Gobierno.

II DE RESTRICCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES.

En este apartado nos referiremos a las limitaciones a la participación ciudadana a través de las restricciones a la participación de sus representantes legalmente electos en los órganos de fiscalización y control del gobierno.

A. ARTICULO 16.2. IMPUGNACIÓN DE LA NORMA DEL VOTO PONDERADO EN LAS COMISIONES INFORMATIVAS.

El artículo 16.2. del Reglamento aprobado inicialmente establece que los dictámenes será aprobados por el sistema de voto ponderado mediante el que se concede a cada miembro de la Comisión un número de votos igual al número de componentes del Grupo Político a quien representa o, en el caso del Concejal no adscrito miembro de la Comisión, al número total de concejales no adscritos que existan en la Corporación.

Los artículos 123 y 125 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales citado como de aplicación en el artículo segundo del Reglamento que nos ocupa, así como la interpretación dada a los mismos, al amparo del artículo 23 de la Constitución Española por el Tribunal Constitucional en sus Sentencia 30/1993 de 25 de enero, 32/1985 de 6 de marzo y recogidas en Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras de 30 de noviembre de 1995, 8 de febrero de 1999, establece la ilegalidad e inconstitucionalidad del establecimiento del sistema de voto ponderado en las Comisiones Informativas.

No nos es desconocido el hecho de que en alguna Comunidad Autónoma como el caso de Aragón, su normativa autonómica prevé tal posibilidad y que la misma, hasta la fecha no ha sido objeto de impugnación y que ello pudiera otorgar cierta cobertura legal a los Ayuntamientos de dicha Comunidad Autónoma. Nada más lejos de la verdad. La Jurisprudencia es unánime en el tratamiento del problema, y es que las composiciones y forma de funcionamiento de las Comisiones Informativas deben respetar el sistema de proporcionalidad del Pleno por un lado y el principio de indelegabilidad del voto de los concejales, por otro. Ello conlleva, como con acierto establecen las Sentencias que a continuación se reproducen, la inconstitucionalidad e ilegalidad del contenido del párrafo segundo del artículo 16 del Reglamento cuya aprobación definitiva se propone:

SS.TT.SS. de 8 de febrero de 1999.

“CUARTO.-El punto de partida de la tesis de la recurrente es que los acuerdos impugnados que establecen el voto ponderado en las Comisiones Informativas, adoptados dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva del Ayuntamiento tiene rango equivalente al del Reglamento Orgánico. Pero si bien puede resultar discutible que se trate de acto administrativo singular del Pleno, en cuanto la decisión afecta a la Corporación en la propia esencia de su organización y funcionamiento en forma tal que puede sostenerse que no cabe asimilarle al resultado de la voluntad ordenada de un acto singular del Ente sino a una voluntad ordenante de organización del Ayuntamiento, resulta también difícil, atendidos el contenido y elaboración de dichos acuerdos, la pretendida asimilación al Reglamento de Organización de la Corporación que prevalezca sobre lo establecido en el artículo 125 ROF, en la interpretación dada por Sentencia de esta Sala de fecha 30 de noviembre de 1995, precisamente, sobre la admisibilidad de una composición de las Comisiones Informativas que trataba de respetar la proporcionalidad mediante el recurso al mecanismo del voto ponderado. Pero, en todo caso, cualquiera que sea la naturaleza de los acuerdos del Pleno que se discuten resulta incuestionable que no pueden vulnerar el principio que se deduce de los artículos 20.3, 46 y 47 LBRL y del régimen de funcionamiento de la propia norma legal que impide que en la Comisión Informativa, como en el Pleno, los Concejales puedan estar representados por otros para poder computar los «quorum» necesarios para la constitución o decisión puesto que el voto de los Concejales es personal e indelegable, y ello es así, incluso desde la propia perspectiva del artículo 23.2 CE. Así el Tribunal Constitucional, precisamente en la STC 30/1993 que la parte recurrente invoca, señala que no es admisible constitucionalmente una composición no proporcional de las Comisiones Informativas ya que, al ser divisiones internas del Pleno, deben reproducir en cuanto sea posible la estructura política de éste, para evitar que se elimine la participación de los Concejales de la minoría en la fase de estudio y elaboración de propuesta, que es de trascendental importancia, y para evitar que se hurte a la minoría de la posibilidad de participar con plena eficacia en el estudio final de la decisión. Y, como ha tenido ocasión de señalar esta Sala en la mencionada Sentencia de 28 de noviembre de 1995, el establecimiento del voto ponderado en dichas Comisiones desborda la potestad de autoorganización del Ayuntamiento en cuya representación y defensa se recurre, puesto que perjudica el estatuto individual de los concejales, además de al principio de proporcionalidad que se justifica en los principios constitucionales señalados. Pues si bien es cierto que los Acuerdos municipales, que establecen el voto ponderado, posiblemente permitirían alcanzar dicha proporcionalidad, ello sería sólo en el aspecto funcional de la adopción de los Acuerdos por las Comisiones, pero no en su estructura o composición.

SS.TT.SS. de 30 de Noviembre de 1995.

“FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La sentencia apelada ha anulado los acuerdos municipales referentes a las Comisiones Informativas Permanentes que, como órgano complementario del Ayuntamiento de Villajoyosa, a tenor del artículo 20 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se han dotado de una composición, que se fija en los referidos acuerdos, de un único Concejal o, en su caso, de un suplente por cada partido político que haya obtenido concejalía en el Ayuntamiento, aunque dotando a cada Concejal de un voto ponderado, que representa el número total de Concejales obtenido por su partido.

SEGUNDO. Las alegaciones que formula el Ayuntamiento de Villajoyosa, que carece de Reglamento Orgánico Municipal, no permiten alterar el criterio adoptado por la Sala de Valencia respecto de la única cuestión que se trae a esta apelación, que se ciñe únicamente a la admisibilidad de una composición de las Comisiones Informativas que trata de respetar la proporcionalidad mediante el recurso al mecanismo del voto ponderado. El artículo 125 b) del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROFRJEL), dispone que cada Comisión Informativa estará integrada de forma que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación. El Tribunal Constitucional ha declarado (sentencias 30/1993, de 25 de enero, y 32/1985, de 6 de marzo) que no es admisible constitucionalmente una composición no proporcional de las Comisiones Informativas ya que, al ser divisiones internas del Pleno, deben reproducir en cuanto sea posible la estructura política de éste, para evitar que se elimine la participación de los Concejales de la minoría en la fase de estudio y elaboración de propuestas, que es de trascendental importancia, y para evitar que se hurte a la minoría la posibilidad de participar con plena eficacia en el estudio final de la decisión.

TERCERO. Tras deliberar sobre los acuerdos impugnados en el extremo de los mismos que se discute en la apelación y sobre las distintas alegaciones e informes que los sustentan, considera esta Sala que los mismos desbordan la potestad de autoorganización del Ayuntamiento apelante, por perjudicar el estatuto individual de los concejales y ser contrarios a la finalidad esencial que persigue el artículo 125 del ROFRJEL. El precepto citado contiene, en efecto, un mandato de proporcionalidad que se justifica por los principios constitucionales que se han expresado y afecta a la composición de las Comisiones Informativas. Es cierto que los Acuerdos del Ayuntamiento de Villajoyosa permitirían alcanzar dicha proporcionalidad, pero sólo en el aspecto funcional de la adopción de acuerdos por las Comisiones y no en el de su estructura o, según el tenor literal del artículo 125 b) del Reglamento de Organización, en “su composición”. Basta recordar que según el artículo 123.1 del ROFRJEL las Comisiones Informativas son órganos sin atribuciones resolutorias que en lo esencial tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno cuando ésta actúa con competencias delegadas por el Pleno, para concluir que el sistema de voto ponderado adoptado no sirve para respetar el mandato de proporcionalidad en unos órganos de estudio, informe y consulta como las Comisiones Informativas en las que lo esencial es la proporcionalidad estructural o de composición y no la funcional o deliberativa. Dicha conclusión respeta asimismo en forma adecuada el estatuto individual de los Concejales así como el principio del voto personal e indelegable que deriva del artículo 99.5 en relación con el artículo 138 del ROFRGEL, sin que, en fin, sea atendible la alegación del Ayuntamiento de que la composición acordada sea la única posible para un funcionamiento operativo de las susodichas Comisiones Informativas.

Por todo ello debe ser revocada la mención al voto ponderado de los Concejales miembros de las respectivas Comisiones Informativas, debiendo tener estas carácter paritario con respecto al Pleno en su composición, pero voto indelegable y no ponderado en función al número de concejales asistentes a dichas sesiones.

B. NULIDAD DE LA SECCIÓN 4ª. RELATIVA A LA LIMITACIÓN EN NÚMERO DE LAS MOCIONES, RUEGOS Y PREGUNTAS A FORMULAR POR LOS CONCEJALES QUE NO FORMAN PARTE DEL GRUPO DE GOBIERNO MUNICIPAL

El artículo 32 del Reglamento limita el número de mociones a tres por cada sesión y por grupo político en los Plenos Ordinarios, el artículo 33 del mismo limita el número de ruegos a presentar por los miembros de los Grupos Políticos a tres igualmente, al igual que el artículo 34 limita a tres el número de preguntas a formular. Tal limitación, si no viene precedida de una modificación normativa que ampare la misma, constituye una medida de restricción de derechos fundamentales contemplados y amparados en el artículo 23 de la Constitución Española, en mayor medida si la cantidad de mociones, preguntas y/o ruegos aprobados constituye un número tan exiguo como el que nos ocupa.

Así lo refleja, entre otras, la resolución que a continuación se expresa:

SS.TT.SS.JJ. Canarias de 23 de febrero de 2005.

“ Hay que partir de que la moción es un control de la actuación del equipo municipal de gobierno, y, como tal, una función de los grupos de oposición, por lo que cualquier interpretación de la legalidad debe ser una interpretación constitucional, esto es, en orden a favorecer el derecho de participación política.

De este modo, reducir el número de mociones a presentar al pleno o llevar su debate, en función de la materia, a la comisión de pleno, podría no ser entendida como una modificación reduccionista del derecho fundamental siempre que exista un encaje legal o una base legal a la decisión restrictiva.

Precisamente sobre el acomodo a la legalidad del posterior Reglamento municipal que reduce a tres el numero de mociones a presentar por grupo político existe un proceso contencioso- administrativo que se sigue ante la Sección Primera de este Tribunal, según reconocen ambas partes.-

Sin embargo, en el caso examinado, lo decisivo es que la exclusión del debate en el pleno de dos de las mociones presentadas por la recurrente, en su condición de Concejal y portavoz de un grupo político de la oposición, carecía de encaje legal en la fecha en la que se presentaron y se celebró ese pleno, tanto por cuanto ni estaba vigente el Reglamento Orgánico del Pleno y de las Comisiones del Pleno del Ayuntamiento (como hemos señalado en los anteriores Fundamentos), ni tampoco era posible justificar tal remisión a la comisión de pleno con apoyo en la Exposición de Motivos de la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local , pues los Preámbulos, Exposiciones de Motivos e introducciones en general de cualquier cuerpo legal carecen de valor jurídico directo, sin perjuicio de su innegable valor interpretativo, y en el caso lo que anuncia la Exposición de Motivos de la ley es la novedad que supone la introducción de las comisiones de pleno, a las que se refiere el artículo 122.4 de la LBRL (en su nueva redacción) que establece que va a corresponder a estas las funciones que les delegue el pleno de acuerdo con la ley, Se trata de una delegación posible con arreglo a la ley-que se reconoce en abstracto-- pero sin que aquí conste que se hubiese llevado a cabo en la fecha de las mociones el desarrollo del precepto general que estableciese el marco de dicha delegación o que existiese cobertura alguna que habilitase la delegación en relación con las mociones presentadas por los Grupos Políticos o Concejales para su discusión en el pleno”…

(…) En definitiva, el artículo 129.1 de la Ley territorial estaba vigente, y formaba parte de ese blqoue normativa autonómico que pretendía regular pormenorizadamente la organización y funcionamiento de las bases estatales del régimen local y, por ello, servia de marco en la presentación de mociones , por lo que puede concluirse que, conforme a dicho marco, no cabía limitación , ni justificación legal a la exclusión del debate en el pleno de las presentadas por la Concejal por las razones por las que se excluyeron, por lo que puede concluirse que se vulneró su derecho a la participación política y que el recurso, con el alcance con el que pretende, debe ser estimado….

Por todo lo expuesto,

SOLICITO DE Vd: Que por presentado este escrito tenga por formulada la OPOSICIÓN a la aprobación del REGLAMENTO en los términos expuestos, debiendo proceder a la introducción de las enmiendas al mismo que quedan expresadas, anulando aquellas disposiciones citadas por ser contrarias al derecho contenido en el artículo 23 de la Constitución Española.

SANXENXO, 3 de septiembre de 2009.

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL CONCELLO DE SANXENXO.

Renuncia de Concejal y toma de posesión de sustituto.

2010-01-22T10:25:00.006+01:00

En relación con consulta específica sobre esta cuestión que me enviaron a este blog. He remitido expediente con información sobre la cuestión a los interesados del que destaco, por resumido, práctico y muy claro, este documento realizado por organo consultivo autonómico.

Tiene los modelos de carta de renuncia y comunicación a Junta Electoral. Informes de secretaría. Y consideraciones concretas a la cuestión.

Voto ponderado en las Comisiones Informativas previas al Pleno.

2010-01-21T23:26:00.003+01:00

¿Qué ley regula el formato de las Comisiones Informativas?

Si atendemos a lo que dice la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 20.1:

"deberán existir en los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, y en los de población menor cuando así lo disponga el Reglamento Orgánico Municipal o lo haya acordado el Pleno si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto (...) Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno".

Uno se queda como estaba y diría que nadie. Pero uno puede profundizar en esta cuestión en los arts. 123 y ss del ROF o en lo que indiquen los propios reglamentos municipales, siempre que no contradiga la ley básica.

Respecto al voto ponderado no parece indicarse nada, aunque haya reglamentos autonómicos y municipales que lo describa y tolere. En todos los casos consultados, siempre como solución de emergencia para aquellos casos, muy raros, en los que las composición de las Comisiones Informativas no se pueda hacer con el criterio de proporcionalidad.

Pero recordemos que la ley en esto es claro. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno. No se habla de representación con criterios de ponderación.

Algo a lo que la jurisprudencia añade que, "se admitirá el voto ponderado siempre y cuando haya una normativa autonómica o municipal que lo regule".

En caso contrario, el criterio es claro, en el acuerdo de creación de las Comisiones Informativas se determinará la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta que su composición se acomode a la proporcionalidad existente entre los distintos grupos políticos representados en la Corporación. Contando todo los grupos con al menos un miembro.

En el blog de esPublico se hace referencia a varias sentencias:

La STS de 28 de noviembre de 1995 que considera, que el establecimiento del voto ponderado en las comisiones informativas desborda la potestad de autoorganización del Ayuntamiento puesto que perjudica el estatuto individual de los concejales, además de al principio de proporcionalidad, pues si bien es cierto que los acuerdos municipales que lo establecen posiblemente permitirían alcanzar dicha proporcionalidad, ello sería sólo en el aspecto funcional de la adopción de los Acuerdos por las comisiones, pero no en su estructura o composición.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Noviembre de 1995 que resuelve un recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en recurso sobre acuerdo del pleno de la Corporación por el que se aprobó la composición de las Comisiones Informativas y el sistema de voto ponderado para las mismas: El TSJ estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de la sesión extraordinaria del pleno de dicha Corporación por el cual se aprobaba la composición de las comisiones Informativas y el sistema de voto ponderado para las mismas, declarando que el mismo no es conforme a Derecho y procediendo a su anulación. La sentencia apelada anula los acuerdos municipales referentes a las Comisiones Informativas Permanentes que, como órgano complementario del Ayuntamiento, a tenor del artículo 20 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se han dotado de una composición, que se fija en los referidos acuerdos, de un único Concejal -o, en su caso, de un suplente- por cada partido político que haya obtenido concejalía en el Ayuntamiento, aunque dotando a cada Concejal de un voto ponderado, que representa el número total de Concejales obtenido por su partido. Las alegaciones que formula el Ayuntamiento, que carece de Reglamento orgánico Municipal, no permiten alterar el criterio adoptado por la Sala de Valencia respecto a la admisibilidad de una composición de las Comisiones Informativas que trata de respetar la proporcionalidad mediante el recurso al mecanismo del voto ponderado.
El Tribunal Constitucional ha declarado (sentencias 30/1993, de 23 de enero, y 32/1985, de 6 de marzo) que no es admisible constitucionalmente una composición no proporcional de las Comisiones Informativas ya que, al ser divisiones internas del Pleno, deben reproducir en cuanto sea posible la estructura política de éste, para evitar que se elimine la participación de los Concejales de la minoría en la fase de estudio y elaboración de propuestas, que es de trascendental importancia, y para evitar que se hurte a la minoría la posibilidad de participar con plena eficacia en el estudio final de la decisión.
El Tribunal Supremo considera que el establecimiento del voto ponderado desborda la potestad de autoorganización de los ayuntamientos.

Lo cierto es, que el voto de los concejales es considerado individual y no delegable. La proporcionalidad garantiza en casos específicos esta obligación. Pero el voto ponderado no. Ya que desde un principio diluye estos derechos, obligaciones, dentro de una regulación de las comisiones informativas innecesario y que solo busca facilitar la operatividad.

El blog esPublico refiere que "las Comisiones Informativas son órganos sin atribuciones resolutorias que en lo esencial tienen por función el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno cuando ésta actúa con competencias delegadas por el Pleno", para concluir que, "el sistema de voto ponderado adoptado no sirve para respetar el mandato de proporcionalidad en unos órganos de estudio, informe y consulta como las Comisiones Informativas en las que lo esencial es la proporcionalidad estructural o de composición y no la funcional o deliberativa".

En definitiva. Una regulación propia del municipio en esta materia solo es posible con una legislación previa autonómica que regule claramente como se considera el voto ponderado. Mietras tanto, las actuaciones que los municipios realicen al margen de su propia legislación autonómica o legislación básica estatarl puede implicarles nulidad de acuerdos cuando sean impugnado en los tribunales.

Más sobre convocatorias de plenos y sus plazos.

2009-12-28T12:08:00.003+01:00

Es recurrente el caso de convocatorias de pleno extraordinarias que cumplen el requisito de convocatoria con dos días hábiles de antelación de manera muy ajustada. Algo que unido a la falta de una legislación y normativa clara en esta materia hace que se produzcan reiterados conflictos, que por ser formales, no suelen acabar en los tribunales.

Los conflictos de suelen derivar de la interpretación de “no realizarse la convocatoria conforme a derecho” teniendo en cuento lo establecido en el artº 46 de la ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El artº 46.b) de la L.R.B.R.L. dice que “Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno”.

La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales o Diputados, desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la Corporación. Algo que por el propio juego de días hábiles e inhábiles que comentábamos en otro post, se ve desvirtuado. Una convocatoria realizada un 23 de diciembre a las 15 horas se encontrará en el ámbito municipal que, al ser el 24 hábil pero no laborable, se restringe el acceso a la información hasta el propio día del pleno.

El artº 5 del Código Civil dice:

1.- Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedaría éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

2.- En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.

El artº 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (en lo sucesivo L.P.A.) dice:

1.- Los actos de la Administración son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:

a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente.
b) Aquellos cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delito.
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

2.- También serán nulas de pleno derecho las disposiciones Administrativas en los casos previstos en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

El artº 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, que dice: Los plazos se contarán siempre a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. A lo que se suma consulta realizada por un ayuntamiento a la revista especializada "El consultor de los Ayuntamientos" que en el número 201/86 decía:

"Teniendo en cuenta el principio general de que en los plazos señalados por días empiezan a contarse a partir del siguiente a la notificación o publicación del acto, como disponen tanto el artículo 5º del Código Civil como el 59 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, la prescripción del artº 46.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril (EC 404/85) de igual contenido que la que preveía para las sesiones extraordinarias el artículo 294 de la Ley de Régimen Local de 1985, quiere decir que ha de mediar, como mínimo, dos días hábiles completos; por tanto, si la sesión ha de celebrarse el 21, y suponiendo la no existencia de días inhábiles anteriores, la convocatoria debe hacerse lo más tarde el 18. "

Es cierto que en el ámbito municipal es costumbre atender al plazo de convocatoria no como “plazo de días” sino como término del plazo de 48 horas desde que se entrega la convocatoria y el comienzo de la sesión. Algo que pongo en duda y que genera grandes injusticias. Y que además, no creo que se sostenga jurídicamente en base a nuestra normativa actual.

En conclusión, hay una aplicación arbitraria, injusta y variada del cumplimiento de los plazos en las convocatorias de plenos. Pero es criterio de este blog que el criterio jurídico que persiste, según jurisprudencia, es:

2 días hábiles a contar a partir de la sesión hacia atrás, sin contar el propio día de la realización de la sesión y atendiendo al calendario oficial de días hábiles en las administraciones locales. Lo usos y costumbres.....dejénlos para su casa.

¿Día hábil o inhábil?

2009-12-28T11:01:00.002+01:00

A efectos del cómputo de plazos en el ámbito de la Administración General del Estado, tienen la consideración de días inhábiles:

En todo el territorio nacional: los domingos y los días declarados como fiestas de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades Autónomas no ha ejercido la facultad de sustitución.
En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por cada Comunidad Autónoma como festivos.
En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes calendarios de días inhábiles.

El detalle de los referidos días inhábiles hay que buscarlo en la publicación anual que se realiaza en el BOE y tener en cuenta las especifidades a nivel autonómico y local que se determinen para cada uno.-

Hay que aclarar en cualquier caso (siguiendo la línea del siguiente blog) lo siguiente:

Los sábados, salvo que sean festivos, se consideran hábiles a efectos del cómputo de plazos, independientemente de que ese día las puertas de la gran mayoría de las Administraciones se encuentren cerradas. Si bien, a través de la correspondiente sede electrónica se pueden realizar todo tipo de trámites este día.
Los días 24 y 31 de diciembre, aunque estén cerradas la gran mayoría de las Administraciones Públicas, se consideran a todos los efectos como día hábil.
Si un vencimiento recae en un día inhábil, la finalización de este plazo pasará automáticamente al siguiente día hábil. Así, aún en el caso de que dicho plazo de vencimiento se produzca dentro de un ámbito local (por ejemplo una Administración Tributaria situada en un pueblo), quedarían afectados igualmente por dicho día inhábil (en este caso) “sólo a efectos tributarios” todos los contribuyentes que estén adscritos dentro del ámbito de dicha Administración Tributaria.
El calendario de días inhábiles no tiene nada que ver con los días de asuntos propios o para asuntos familiares o particulares que disfrutan todos los funcionarios públicos, que se rigen por la propia normativa funcionarial correspondiente a su ámbito territorial.

El calendario de días inhábiles se puede consultar en diferentes sitio, si bien, algunos de ellos ofrecen una consulta más atractiva que otros. Éstos son:
- El B.O.E.
- El Portal del ciudadano (www.060.es)
- Algunas webs que tratan de manera específica el tema.

Arquitectos e incompatibilidades en el ámbito municipal

2009-11-05T12:55:00.004+01:00

Os dejamos un documento del que podemos concluir como se regula la incompatibilidad de ejercer como arquitecto en un municipio donde se ejercen funciones políticas o de asesoramiento.
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Derecho a la información de los concejales.

2009-08-27T20:27:00.002+02:00

El siguiente informe tiene su justificación en la petición del Grupo Municipal PSOE en el Ayuntamiento de Algete para que se le remitiera todos los decretos de alcaldía que se hubieran aprobado desde una fecha determinada hasta la fecha del escrito de petición. Algo que es denegaod por la alcaldesa del Ayuntamiento de Algete remitiéndose al artículo 42 del Real Decreto 2568/1986 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Os dejo mi informe jurídico:

El presente informe pretende argumentar lo irregular de la pretensión, de quién ejerciendo la mayor representación del gobierno municipal, quiere limitar el acceso a la información de los concejales que por ley ostentan la función de control y fiscalización de los órganos de gobierno:

“El pluralismo político, valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, conlleva, por lo general, que las riendas del gobierno y administración de la entidad local quede en manos de una parte de los representantes de la comunidad, mientras que el resto deberá dedicarse a controlar esa acción de gobierno, en una labor denominada de oposición. Para su adecuado ejercicio es obvio que el representante necesitará estar bien informado, de forma que pueda realizar un eficaz cumplimiento de su cargo, contentando así a los ciudadanos que le han otorgado su confianza. Derecho, pues, a participar en los asuntos públicos que adquiere rango de fundamental a través del artículo 23 de la Constitución”, Iñaki Sanchez, Noticias Jurídicas (1999).

Constitución Española:

Artículo 23.
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

La primera norma que de manera específica regula este derecho la encontramos en el art. 77 de la LBRL. Su intención queda clara, “Todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.

El art. 77 de la LBRL complementa necesariamente, y da contenido, al art. 20 LBRL que establece la obligada participación de los concejales en los órganos preparatorios al pleno y que hace viable su función de control y fiscalización de los órganos de gobierno, siendo el acceso a la información, un derecho esencial para dar contenido a las funciones de los grupos políticos de oposición y que protege nuestro ordenamiento.

A continuación transcribimos los tres artículos del ROF que consideramos esenciales para determinar el alcance del derecho a la información que tienen los concejales en el ejercicio de sus funciones dentro de las entidades locales:

Artículo 14.

1. Todos los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función.
2. La petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días, a contar desde la fecha de solicitud.
3. En todo caso, la denegación del acceso a la documentación informativa habrá de hacerse a través de resolución o acuerdo motivado.

Artículo 15.

No obstante lo dispuesto en el número 1 del artículo anterior, los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, en los siguientes casos:
1.Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación que ostenten delegaciones o responsabilidades de gestión, a la información propia de las mismas.
2.Cuando se trate del acceso de cualquier miembro de la Corporación, a la información y documentación correspondiente a los asuntos que hayan de ser tratados por los órganos colegiados de que formen parte, así como a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.
3.Cuando se trate del acceso de los miembros de la Corporación a la información o documentación de la entidad local que sean de libre acceso para los ciudadanos.

Artículo 16.

1. La consulta y examen concreto de los expedientes, libros y documentación en general se regirá por las siguientes normas:
La consulta general de cualquier expediente o antecedentes documentales podrá realizarse, bien en el archivo general o en la dependencia donde se encuentre, bien mediante la entrega de los mismos o de copia al miembro de la Corporación interesado para que pueda examinarlos en el despacho o salas reservadas a los miembros de la Corporación. El libramiento de copias se limitará a los casos citados de acceso libre de los concejales a la información y a los casos en que ello sea expresamente autorizado por el Presidente de la Comisión de Gobierno.
En ningún caso los expedientes, libros o documentación podrán salir de la Casa consistorial o palacio provincial, o de las correspondientes dependencias y oficinas locales.
La consulta de los libros de actas y los libros de resoluciones del Presidente deberá efectuarse en el archivo o en la secretaría general.
El examen de expedientes sometidos a sesión podrá hacerse únicamente en el lugar en que se encuentren de manifiesto a partir de la convocatoria.
2. En el supuesto de entrega previsto en el apartado a) del número anterior, y a efectos del oportuno control administrativo, el interesado deberá firmar un acuse de recibo y tendrá la obligación de devolver el expediente o documentación en un término máximo de cuarenta y ocho horas, o antes, en función de las necesidades del trámite del expediente en cuestión.
3. Los miembros de la Corporación tienen el deber de guardar reserva en relación con las informaciones que se les faciliten para hacer posible el desarrollo de su función, singularmente de las que han de servir de antecedente para decisiones que aun se encuentren pendientes de adopción, así como para evitar la reproducción de la documentación que pueda serles facilitada, en original o copia, para su estudio.

Antes de continuar hay que aclarar dos cuestiones esenciales en la cuestión que tratamos:

1- No se pueden realizar interpretaciones restrictivas que lleven a considerar al concejal en la misma posición de acceso a la información que el ordenamiento regula y protege de los ciudadanos. El derecho de información como concejal es además del derecho como ciudadano.

2- El ordenamiento regula el acceso a la información de la documentación, informes o datos de expedientes sobre los que todavía no haya recaído una resolución. De lo contrario, el ordenamiento es claro: libre acceso sin previo trámite.

El procedimiento de acceso a la información queda regulado por lo dispuesto en el art. 14 y que de manera resumida establece petición al alcalde por escrito u oralmente, quien si resuelve también oralmente, deberá solicitar al secretario que deje constancia de la respuesta. El plazo es de 5 días naturales y nunca se podrá denegar el acceso a la información sin resolución motivada.

En base a lo informado debemos concluir por lo tanto lo siguiente:

1. La petición por escrito y específica de los decretos de alcaldía se realizó de manera correcta por parte del Grupo Municipal PSOE en el Ayuntamiento de Algete.
2. La contestación por parte de la propia alcaldesa denegando el acceso a esta información se ajustó a tiempo y forma a lo establecido por nuestro ordenamiento: 5 días naturales y con resolución motivada.
3. Los decretos de alcaldía son considerados vigentes desde su firma.
4. Los decretos de alcaldía no pueden ser considerados como actuaciones pendientes de resolución y por lo tanto no puede denegarse su acceso.
5. El art. 42 del ROF al que hace referencia alcaldía es aplicable a las obligaciones que tiene el alcalde con respecto al Pleno, pero no puede ser usado como justificación para limitar el acceso a la información de los concejales de la corporación municipal.
6. La consideración de los decretos como actos resueltos y vigentes lleva a entender que no se requiere ni tan siquiera petición de acceso y que, debiendo estar en posesión del secretario municipal, este deberá permitir su acceso libre sin que medie petición previa.

CONSECUENCIA JURÍDICAS DE LA DENEGACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN A UN CONCEJAL:

Sentencias reiteradas han considerado este acto como una vulneración de los derechos fundamentales del concejal, incluido en la Constitución Española, y que tiene la protección tanto del ordenamiento penal como del administrativo.

La objeción ante el aborto.

2009-08-19T20:23:00.003+02:00

Se sale de los temas que trato habitualmente. Pero lo considero interesante desde un punto de vista jurídico. Por ello dedico este post a resumir el posicionamiento de quienes defienden la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios ante el aborto y su tratamiento jurídico en el ordenamiento español.

Partimos de una realidad. En España la objeción de conciencia no está regulada de una manera clara y concreta. Por ello hay una remisión tan constante a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en este caso concreto a la sentencia 53/1985. Esta sentencia sentó jurisprudencia en lo relativo al reconocimiento de la objeción de los médicos ante el aborto en relación con el artículo 16 de la Constitución española, que garantiza la «libertad ideológica», y que se reconoce no por la existencia de una legislación concreta, sino porque significa y manifiesta el respeto civil a la libertad de pensamiento de las personas.

En este artículo no haremos, sin embargo, interpretación a lo que establecen lo propios Códigos de Ética y Deontología Médica. No lo hacemos por cuanto, su propia existencia y validez, sólo es posible si existe un reconocimiento del ordenamiento superior a la objeción de conciencia. En esta cuestión hay que resaltar como en el ámbito europeo tienen la consideración estos textos de Guía Médica y no de legislación complementaria. Y como curiosidad nos remitimos al artículo 18 de la Guía de Ética Médica Europea para conocer que la objeción se trata como una actuación “conforme a la ética del médico” que tiene su base en “convicciones personales” y que le permite concluir su negación a “intervenir en procesos de reproducción o en casos de interrupción de la gestación o abortos”.

¿Qué derechos son los que protege la objeción de conciencia ante el aborto?
Esta cuestión debemos tratarla desde una doble vertiente. Primero, un derecho a la vida, reconocido y garantizado por el art. 15 de la C.E., y que es un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional y que constituye el derecho fundamental esencial sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. Segundo, un valor jurídico fundamental como es la dignidad de la persona, reconocido en el art. 10 como base de los derechos de las personas.
Atendiendo al sometimiento de todos los poderes a la Constitución debemos entender que, y puesto en relación con los derechos fundamentales que se protegen, la obligación del Estado de no lesionar la esfera individual o institucional protegida, sino también “la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos, y de los valores que representan, aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano”.

¿Qué entendemos por objeción de conciencia?

Se entiende por objeción de conciencia la negativa de las personas a seguir un comportamiento que considera incompatible a sus propias convicciones éticas e ideológicas. Siendo ese comportamiento exigible por una norma, contrato, resolución judicial o administrativa.

¿Es la objeción de conciencia un derecho fundamental?

Si bien la STC 53/1985 sentó jurisprudencia en la materia concreta de la objeción de conciencia en el caso del aborto. Ha sido de general aceptación la remisión a la STC 161/1987 del TC para aclarar que las valoraciones específicas que se realizan de casos determinados de objeción no implican el reconocimiento de este como derecho fundamental.
De esto debemos concluir que lo aplicado a la objeción de conciencia en el caso del aborto y para los profesionales sanitarios no es de aplicación para otros casos, ni debe ser interpretado de manera extensiva y amplia.
Quienes defienden el reconocimiento de la objeción de conciencia como un derecho fundamental han interpretado ampliamente estas sentencias y otras aplicadas a casos concretos, pero sobre todo, han querido afirmar la falta de contenido y la desprotección en que queda el Artículo 16 de la C.E. (libertad ideológica) si no se da la categoría de derecho fundamental a una objeción de conciencia que es reflejo claro de esta libertad ideológica.
Debate hay en esta cuestión esencial en la consideración de la objeción de conciencia como un derecho amplio de general protección y aplicación o, en caso contrario, su restrictiva aplicación e interpretación con respecto a otros derechos, normas y resoluciones.
Terminamos este punto haciendo referencia concreta a la STC 161/1987 y en concreto a su claro posicionamiento sobre la cuestión: "La objeción de conciencia, con carácter general, es decir el derecho a ser eximido del incumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro derecho o en derecho alguno pues significaría la negación misma del Estado. Lo que puede ocurrir es que se admita excepcionalmente respecto a un deber concreto".

¿Qué consideración jurídica tiene el “nasciturus” para el objetor de conciencia?

El objetor de conciencia, profesional sanitario, que se niega a practicar o participar en un aborto considera el derecho fundamental a la vida como un derecho aplicado al “nasciturus” en todo su amplitud. La vida humana es un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual “una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana”. Y lo que implica con ello de que el propio “nasciturus” se convierte en poseedor de derechos que no pueden ser violados o vulnerados por cuanto “dentro de los cambios cualitativos en el desarrollo del proceso vital, tiene particular relevancia el nacimiento. Y previamente al nacimiento tiene especial trascendencia el momento a partir del cual al «nasciturus» es ya susceptible de vida independiente de la madre.”
Jurídicamente no se puede en nuestro derecho considerar estos argumentos esenciales para fundamentar la tesis de que al «nasciturus» corresponda también la titularidad del derecho a la vida, pero en todo caso “lo decisivo para la cuestión de la objeción de conciencia” es que “la vida del «nasciturus» es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el art. 15 de nuestra Norma fundamental”.

Límite moral a la objeción de conciencia.

La honestidad de conducta se convierte en un límite claro a la solicitud de la objeción de conciencia. Uno disfruta de la protección del derecho, y exige esa protección, en la misma medida en que reconoce derechos en los demás. No sería creíble una objeción que reclamara un derecho en base a criterios que van en contra de los propios valores que dice uno defender.
Honestidad de conducta y forma de vida coherente con los principios que uno declara defender.

Condiciones para solicitar la objeción.

El CEA considera que de manera general la solicitud que un sanitario realiza para ser eximido de un tipo determinado de responsabilidades deberá ser respetado cuando se den a la vez las tres condiciones siguientes:

1 - La solicitud se presenta como objeción de conciencia para participar en un tipo particular de procedimiento o tratamiento y no se trata por el contrario de un rechazo a tratar un determinado tipo de paciente.
2 - La petición parece corresponder a un valor que el empleado ha mantenido con perseverante fidelidad.
3 - La responsabilidad asistencial de la que el empleado pretende ser excusado no es fundamental para la profesión
4 - Comunicación escrita de la petición de objeción. La cual se valorará positivamente el que haya sido emitida con anterioridad a la existencia de una situación de conflicto.

El proyecto asociativo: elementos esenciales.

2009-07-12T18:39:00.005+02:00

Las asociaciones que participan de la vida municipal están en la obligación, si quieren recibir subvenciones, y en la necesidad, si quieren tener una organización interna seria, de planificar. O lo que es lo mismo: establecer los pasos precisos para alcanzar sus objetivos.

Planificar es útil para:

Pensar lo que queremos hacer como asociación.
Avanzar y no hacer siempre lo mismo.
Implicar a todas las personas de la asociación.
Conseguir el compromiso de todos.
No concentrar todas las tareas en unos pocos.
Prever con antelación las dificultades.
Evitar las improvisaciones.
Ayudarnos a conocer la situación de partida, la finalidad última y los recursos con los que contamos.

Esa planificación se logra a través del proyecto asociativo. Un proyecto que debe responder a 10 preguntas:

¿Por qué? FUNDAMENTACIÓN. Justificar el sentido del proyecto, de la existencia de la propia asociación.
¿Qué? DENOMINACIÓN. Resumir el proyecto en una sóla frase puede ser un buen comienzo.
¿Para qué? OBJETIVOS. Definir nuestros objetivos. Las metas que queremos lograr.
¿A quién? DESTINATARIOS. Determinamos las personas a las que va dirigida nuestra asociación y nuestro proyecto.
¿Cómo? METODOLOGÍA. Nuestro método de trabajo y la organización de tareas y actividades.
¿Cuándo? TEMPORALIZACIÓN. Los tiempos de realización de tareas y actividades.
¿Dónde? LOCALIZACIÓN. Con independencia del ámbito que hemos marcado en los estatutos de la asociación, el proyecto debe concretar este espacio de manera más específica.
¿Con quién? RECURSOS HUMANOS. Las personas que van a participar en la organización.
¿Con qué? RECURSOS MATERIALES. El presupuesto, los materiales que vamos a utilizar y los gastos e ingresos.
¿Qué tal lo estamos haciendo? SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. El análisis del desarrollo de nuestro trabajo.

Contestar a estar preguntas nos debe llevar a logra un proyecto asociativo lo más realista posible y por lo tanto nos marcará el camino de lograr el éxito colectivo de nuestra asociación.

Para conocer más sobre el tema recomendamos la web del Ayuntamiento de Alcobendas y la del Consejo de la Juventud de España.

La abogacía analiza la situación de la justicia

2009-06-10T17:16:00.006+02:00

En el último número de "Abogados" (Revista del Consejo General de la Abogacía Española) se analiza la situación de la justicia en España.
Este análisis concluye con un suspenso para la Administración de Justicia, a la que consideran inmersa en una profunda y grave crisis. Y recomiendan un Pacto de Estado que reforme el modelo actual.
Y es que si algo tienen claro los abogados españoles es de lo caduco que se ha quedado el sistema actual y la escasa culpa que tienen de ello los jueces: "los Gobiernos, sean del signo que sean, se acercan a la Justicia para manipularla, no para remediar sus males".
Desde esa buscada manipulación de la Justicia que pretenden los políticos se deriva el otro gran problema: la politización del CGPJ. Algo que impide gestionar de forma eficiente e imparcial el funcionamiento de la justicia.
"Han estado fuertemente politizados, y los vocales han actuado siguiendo criterios partidistas". "Su función es defender la independencia judicial, y si se está adscrito a un política partidista, no se pueden gestionar de forma independiente los medios públicos".
"La Administración de Justicia es algo de los ciudadanos y por tanto es de interés general. Por ello debería estar integrado por magníficos consejeros, independientemente de su profesión", con un "incremento de los profesionales que más contacto diario tienen con la Administración de Justicia, es decir, los abogados".
El análisis concluye con una crítica a la falta de modernización de la Justicia, algo que contrasta con el esfuerzo tecnológico de la abogacía y del resto de la Administración del Estado, y con una serie de conclusiones:

Grave crisis del modelo actual de justicia.
Funcionamiento deficiente.
Decisiones de los tribunales: ni predecibles, ni homogeneas.
Interferencias de los Gobiernos en la Administración de Justicia, a pesar de ser garantía última democrática de los ciudadanos.
Politización del CGPJ.
Excesivo corporativismo judicial, con un modelo en el que la justicia se adapta a lo que quieren los jueces y no a las necesidades de los ciudadanos.
Los jueces no son parte del problema, sino victimas de él. ¿Culpable? La propia organización.

Y dicho esto, en el mismo número entrevistan al ministro de Justicia.

"Sí, confío en lograr el acuerdo social por la justicia"

Francisco Caamaño, ministro de Justicia

"La justicia es un enfermo aquejado de viejos males conocidos pero también de males nuevos. Por eso requiere atención multidisciplinar (incremento de las inversiones, informatización, simplificación de recursos y agilización de trámites...) y un consenso de partida para palicar el mejor tratamiento".

"Pienso que la Justicia española ha de estar a la altura de lo que demandan los ciudadanos, que nos piden una Justicia ágil y eficaz".

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LOCAL I

2009-05-15T19:09:00.007+02:00

Sujetos del procedimiento.

Los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de los entes locales deben quedar sujetos a un procedimiento reglado o no pero que debe incluir siempre la finalidad del acto y la garantía de los administrados.

Para lograr esto deberemos atender a la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA). Que impone un conjunto de reglas y principios absolutos/generales que todas las Administraciones, incluido los Entes Locales, deben respetar en sus procedimientos.

Con respecto a los sujetos del procedimiento debemos distinguir entre el órgano administrativo competente y los interesados por el procedimiento. Siendo en el caso de los interesados donde se acumula mayor número de sentencias y jurisprudencia, en un intento de delimitar su extensión.

Órgano administrativo competente.

El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento está limitado en los Entes Locales a quién tenga delimitada la competencia objeto del procedimiento. Pleno, Comisión de Gobierno o Alcalde se reparten las competencias según la distribución establecida en la LRBRL (Arts. 21,22,23,33,34,35,123,124 y 127). Aceptándose que quién recibe una competencia por delegación es a la vez el órgano administrativo competente para el procedimiento.

Interesados en el procedimiento.

Si en los órganos competentes para participar del procedimiento administrativo local se atiende a un puro criterio material. En el caso de los interesados se atiende a un criterio de derecho o interés legítimo en el mismo para permitir su intervención en el procedimiento.

* ¿Qué es interés legítimo?

El Tribunal Constitucional en STC 252/2000 establece que:
"se trata de la titularidad potencial de una ventaja o de una utilidad jurídica, no necesariamente de contenido patrimonial, por parte de quien ejercita la pretensión y que se materializaría de prosperar ésta, vale decir, el interés legítimo es cualquier ventaja o utilidad jurídica derivada de la reparación prestendida".
Y según el art.31 LRJPA:
"1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. C) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivo, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento".

* Interesados secundarios, interesados accesorios e interesados difusos.

Interesado secundario. Titulares de derecho a los que es obligado notificar la incoación de un expediente.
Interesado accesorio. Titulares de intereses legítimos a los que no es obligado efectuar esa notificación, pero que pueden comparecer en el expediente y formular alegaciones, siempre que se personen antes de que caiga resolución definitiva.
Interesados difusos. Son aquellos que pertenecen a una comunidad, grupo o asociación. No se incluye en esta categoría a los concejales, por cuanto ellos ostentan una representación política que no pueden invocar para ser parte en un procedimiento administrativo. El interés de todo concejal a que la actuación de los órganos sea conforme a Derecho no es suficiente para el reconocimiento de la legitimación activa.

¿Qué tiene que saber un Concejal 2.0?

2009-05-15T15:31:00.002+02:00

Una concejal que pretende llegar a sus ciudadanos tiene una herramienta esencial para ello: la web 2.0.

¿Qué es la web 2.0? Es la segunda etapa que se vive en internet y que se diferencia de la web 1.0.
web 1.0: Es la etapa del usuario masivo donde la información circula de forma vertical, de arriba a abajo, sin esperar ninguna interactuación.
web 2.0: Es la etapa del usuario de la comunicación bidireccional. La información circula horizontalmente, las relaciones son igualmente horizontales.

En este mundo los usuarios de estas comunidades virtuales tienen un comportamiento selectivo. Es decir, sólo se mueven por los sitios web y espacios propios, personalizados y de amigos, conocidos y contactos. Esto determina que no gusten de una invasión de mensajes publicitarios o propagandisticos no pedidos. Algo que tiene que tener en cuenta el concejal que se adentra en este mundo. Y que le llevará a crear su propia red social autorizada y voluntaria, evitando el envío masivo o el intrusismo en las redes sociales ya existentes.

Esto determina que el blog personal de un concejal no debe ser tampoco excesivamente corporativo o "comercial" para lograr que se potencie la interactuación con el destinatario final.

Conseguir una mezcla de información al estilo 1.0 con espacios 2.0 debería ser la estrategia final de quien quiere tener presencia virtual. Una presencia virtual que se logra a través de diferentes medios: web institucional, boletines digitales, blog, activismo virtual, ....

En la actualidad la web 2.0 se caracteriza por una serie de conclusiones, que circunscribimos a la herramienta del blog, por ser la herramienta más utilizada:

Un sectarismo político generalizado.
Son una fuente de información para los periodístas.
Popularizan la política.
Se han generado nuevos liderazgos.
El blog es profundamente individualista.
Hay blogs de PROPAGANDA, de INFORMACIÓN o de OPINIÓN.
Los blogs son una parte de las redes sociales.
La web 2.0 conecta la política con la iniciativa individual.
Los tiempos actuales han transformado la sociedad civil en comunidad digital, y la militancia pasiva en ciberactivismo.
Los políticos que no escuchan son políticos del pasado.
Hay bloggeros con capacidad de generar opinión. Hay que tenerlos en cuenta.
El Ciudadano 2.0 está permanentemente informado. Ahora busca un sentido crítico y un perpetuo análisis de lo que sucede.

Y dicho esto, espero que tenga suficientes razones para ir a abrir su blog.

Y si quiere mandarme un email cuando lo haya dado de alta .... encantado de asesorarle.

Errores en el trabajo en equipo y consejos para hacerlo bien.

2009-05-14T22:54:00.006+02:00

Muchos lideres desarrollan en sus formaciones políticas prácticas que perjudican la utilización eficaz y eficiente de sus recursos humanos. Escasos, por un lado, y carentes de las motivaciones habituales en el sector privado, por otro.

Algunas de esas prácticas nocivas son las siguientes:

1.- Generar expectativas superiores.
2.- Permitir que se puenteen a los responsables que uno mismo ha nombrado. Saltarse sus responsabilidades y extralimitarse en la práctica del "yo hago todo".
3.- Crear divisiones internas a causa de distinciones entre sus miembros en los que se priman determinados factores objetivos o subjetivos.
4.- Crear estructuras organizativas erroneas o modificar las existentes sin tener en cuenta la necesidad de que los cambios se hagan de manera progresiva y contando con la participación de todos sus componentes.
5.- Rechazar a determinadas personas por tener en cuenta consideraciones subjetivas (pertenencia a otro grupo, no compartir todas tus posiciones o simplemente no ser cercano a tu equipo habitual). Es quizás el mayor problema que se encuentran en su interior los partidos políticos y la principal fuente de los conflictos que viven formaciones electorales de todo tipo.
6.- Mentir a los miembros de tu partido. Perdida la confianza, no la recuperarás jamás.
7.- No crea que nada justifica actitudes de acoso y derribo contra alguno o parte de tus compañeros. Por imagen, por credibilidad o por lógica cuando suceda algo así, sientase con los implicados, y busque una solución. Si no la encuentra??...acepte que estará dando un arma electoral a su contrincante. Y por supuesto, no crea que estas situaciones se amortizan alguna vez. Siempre le siguen a uno hasta la derrota.

Lo que está claro es que trabajar en equipo es algo esencial en el día a día de un partido político. En el gobierno o en la oposición, delegar bien y cumplir objetivos, se convierte esencial para lograr aplicar una estrategia que le permita mantener o lograr el liderazgo electoral.

Un lider político debe comprender la necesidad de delegar en sus compañeros/as de equipo.

Delegar implica hacer una transferencia de funciones y de responsabilidades.

Una delegación que debe cumplir una serie de consejos si queremos que sea efectiva:

1. Se debe producir una delegación progresiva, por partes. Algo que no permitirá controlar el proceso para mejorar los resultados y corregir los errores.
2. Debe existir un diálogo fluido que permita el conocimiento mutuo entre quien delega y quien recibe la delegación.
3. Crear un clima de confianza y seguridad donde se refuerza lo positivo para lograr despertar el interés por lo desconocido del que recibe las nuevas funciones.
4. Identificamos problemas y los afrontamos. Es la única manera de superar los más que probables baches que apareceran en el proceso.
5. Favorecer la comunicación abierta y fluida que tenga como objetivo el potenciar entre los miembros del equipo la aceptación de riesgos, la toma individual de decisiones y el deseo de apreder de las propias experiencias.

Consultores jurídicos externos en la Administración.

2009-05-14T20:08:00.003+02:00

Os dejo un enlace al post publicado en el Blog de Derecho Público de Sevach en el que se analiza una de las prácticas más perniciosas que hay en la Administración, y que consiste, en la contratación de consultores jurídicos externos.

¿Para qué?

Tales informes jurídicos externos cumplen alguna de las siguientes finalidades:

Robustecer criterios políticos. Si una autoridad quisiese legalizar el consumo de cocaína, nunca faltaría una consultora que manejando el Convenio de Derechos Humanos, las resoluciones de la OMS, el derecho constitucional a la intimidad o las Doce tablas, bien aderezado con latinajos, consiga no ya sostener su legalidad sino la obligación de su consumo y suministro. Ello en un primoroso informe, con sellos y colorines, y firmado por algún erudito sin escrúpulos.
Sortear informes técnicos poco cómodos. Si una autoridad quiere sortear la concurrencia al adjudicar un contrato o las pruebas selectivas para reclutar un amiguete, o recalificar urbanísticamente un terreno, y el único escollo es un informe del Jefe del Servicio correspondiente, bastará con recabar un dictamen de una consultoría externa para conseguir el abracadabra de que lo que era imposible resulta viable y recomendable.
Tráfico de influencias y prebendalismo para políticos en el banquillo (en sentido deportivo) y que deberían estar en otro banquillo (en sentido penal).

DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRA LA ADMINISTRACION LOCAL

2009-02-15T10:49:00.003+01:00

Las persistentes nevadas caidas en los municipios de España han multiplicado las denuncias de ciudadanos que han sufrido algun daño o perjuicio por la falta de actuación diligente y correcta de los servicios municipales.

Emitimos informe en relación al proceso de demanda por daños y perjuicios iniciado a instancia de la parte dañada contra el propio Ayuntamiento.

INFORME

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El proceso de demanda por daños y perjuicios se inicia a instancia de la parte interesada con reclamación directa ante el Ayuntamiento.

Teniendo el Ayuntamiento la obligación de contestar en el plazo de 6 meses, entendiéndose en el caso de no haber contestado que se ha cumplido el preceptivo plazo para el silencio administrativo.
La reclamación se ampara en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración y Procedimiento Administrativo común, que dispone de una reglamentación específica.
La mayoría de las demandas se tramitarán en primera instancia, porque no exceden de los 30.000 euros. A partir de esta cantidad, el tribunal competente es la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ correspondiente.

Los elementos constitutivos de la responsabilidad patrimonial de la Administración, se pueden concretar, del siguiente modo:

a) El primero de los elementos es la lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente.
b) En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.
c) El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración, implica una actuación del poder público en uso de potestades públicas.
d) Finalmente, la lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura, pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.

El Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que la responsabilidad patrimonial de la Administración se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado, en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquella, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, siempre claro está, que en el plazo de un año el perjudicado o sus herederos efectúen la correspondiente reclamación.

Esta fundamental característica impone que, no sólo, no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad administrativa que ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio público se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos. Bastando con que el daño sufrido sea antijurídico, es decir que no exista el deber de soportarlo para que proceda la indemnización.

Recordemos por tanto que para que concurra la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a los ciudadanos -concretados en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, - son, básicamente, los siguientes: 1º) La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado en relación con una persona o grupo de personas que no tengan la obligación de soportarlo. 2º) Que la lesión patrimonial sufrida sea consecuencia de una actuación del poder público o actividad administrativa, en desarrollo de funciones de la misma naturaleza en una relación de causa a efecto. 3º) El perjudicado soporta la carga de probar el daño o perjuicio sufrido y la relación de causalidad entre éste y la actuación de la Administración. 4º) Es requisito ""sine qua non"" la concurrencia del nexo causal entre la actividad administrativa y el resultado dañoso, sin interferencias extrañas que pudieran anular o descartar aquél. Nexo causal que no precisa ser directo, inmediato y exclusivo, sino puede mostrarse bajo formas mediatas, indirectas y concurrentes.

¿Puede contratar un Ayuntamiento a quién quiera?

2009-02-07T15:58:00.004+01:00

La respuesta, si conoce el funcionamiento de un ente local, es "sí". Y es "sí" por una cuestión de falta de control de quienes tienen que realizar esa labor fiscalizadora. Y es "sí" por una cuestíón de falta de ética y respeto real a los principios fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

En este caso, emitimos informe jurídico sobre la contratación de personal interino temporal.
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INFORME
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Cualquier contratación de personal desde la Administración Local se asienta en la obligada aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad proclamados en la Constitución a todo procedimiento de ingreso o acceso a la función pública.

Cuando ese acceso tiene lugar para la provisión de un puesto o realización de unas funciones de naturaleza temporal, el ordenamiento no contempla cuáles hayan de ser los mecanismos concretos por los que se articula. Sin embargo, sí prevé la necesidad de que, amén de las garantías establecidas en favor de los aspirantes, el instrumento o medio al que se acuda esté diseñado para responder a la demanda de personal con la agilidad que requiera la cobertura.

Es una práctica muy extendida la confección de bolsas de trabajo o listas de contratación, previa convocatoria pública y, frecuentemente, tomando como punto de partida los resultados obtenidos en un anterior proceso selectivo de acceso a la condición de funcionario/a de carrera o de laboral fijo/a de la propia administración.

Es ejemplar los casos en que se está a lo que disponen las bases de convocatoria del propio Ayuntamiento en provisiones de plazas públicas anteriores para determinar la forma de incorporación a estas plazas temporales y de carácter urgente, en la mayoría de los casos.

Es normal, en estos casos, el de dar preferencia al acceso a la plaza a quienes acreditan una experiencia laboral dentro de la administración o en el puesto solicitado.

Cuando las razones de selección del personal son ajenas a un procedimiento objetivo y normado. Deberemos considerar que no existe la calificación necesaria de que se haya producido una objetiva selección. Con las responsabilidades jurídicas que se derimen, en especial, responsabilidades hacia los que quedaron fuera de la selección y perjudicados por la falta de objetividad del proceso.

Por todo ello, se considera estas actuaciones administrativas como una contratación "irregular" que contraviene la necesaria independencia del proceso y que desprecia los principios de igualdad, mérito y capacidad, conforme a los cuales se han configurado en la mayoría de las administraciones mecanismos de cobertura temporal.

Este comportamiento irregular de la administración significa un perjuicio a terceras personas, preferentes en la selección por razones objetivas que los tribunales analizan, y que ven lesionados su mejor derecho a acceder a la función pública, privándole de su derecho a trabajar, a percibir el salario correspondiente, a acumular una experiencia y a los demás conceptos que le son inherentes. Y que podrán ser reclamados en la vía judicial correspondiente.

Organizando una CAMPAÑA ELECTORAL

2009-02-01T10:26:00.005+01:00

Una campaña electoral tienen el objetivo de partido de obtener el mayor número de votos posible y al mismo tiempo que el adversario obtenga el número más bajo posible.

Hay elecciones que se ganan con una participación muy baja porque los votantes propios se movilizan más que los adversarios; y a la inversa, se puede conseguir una participación muy alta del electorado propio y perder las elecciones.

Para un partido que quiere ganar unas elecciones, tan importante es movilizar a su electorado como que sus adversarios no voten.

El proceso electoral se extiende a lo largo del tiempo y tiene su culminación el día de las elecciones. Se trata de convencer a la máxima cantidad posible de personas a favor nuestra opción y además conseguir que este convencimiento se traduzca en un voto.

El voto es un acto con un elevado nivel de conciencia, y en este sentido se ha de tener en cuenta que una oferta política es compleja tanto en lo que hace referencia a sus contenidos (ideología, programa, opciones de gobierno, lemas, slogan, símbolo), como al sujeto de la oferta (partido, plataforma, líder, candidatos). Cada elector establece su adhesión a la misma a través de todos o sólo alguno de estos elementos.

El proceso electoral puede dividirse en 4 fases:

· Fuera de campaña.
· Precampaña.
· Campaña.
· Día D.

Aunque la presentación de una oferta política a los electores y la búsqueda de su adhesión se realiza de manera continua, este proceso tiene intensidades distintas y utiliza técnicas distintas en cada una de estas fases.

La campaña electoral, se desarrolla durante un período de pocos meses, entre dos y seis, dividido entre precampaña (de un mes a cinco), la campaña (entre dos y tres semanas) y el día D.

Al inicio de la campaña entre el 60% y el 70% del voto ya está decidido, con un nivel de motivación que no asegura que todas estas intenciones de voto se conviertan en papeletas el día de las elecciones, si esto es así ¿qué podemos hacer en la campaña?

1º. Reafirmar los votantes propios, incrementando su motivación y evitando la fuga de los más inseguros.
2º. Desanimar al electorado del adversario consiguiendo que participe menos.
3º. Convencer a los electores indecisos.

Se habla en este sentido de:

· Acción electoral de movilización del electorado fiel para conseguir su voto efectivo.
· Acción electoral de mantenimiento, dirigida a los sectores más tibios de nuestro electorado para evitar su fuga a otras opciones.
· Acción electoral de conquista del voto indeciso, para conseguir que voten a favor de nuestra opción.
· Acción electoral de disuasión dirigida a desanimar a los votantes del adversario y conseguir su inhibición.

Para lograr esto el conocimiento del electorado al que nos enfrentamos es básico para la determinación de cualquier estrategia.

El estudio del último ciclo electoral, analizando los votos por mesas y secciones electorales y los datos facilitados por interventores y apoderados, permiten identificar los barrios y hasta los bloques de viviendas donde residen mayoritariamente nuestros votantes y las principales concentraciones de voto del adversario.

A lo largo de la campaña se trata de comunicar con la máxima eficacia un mensaje, éste puede ser complejo en su contenido, pero se ha de tener la habilidad de sintetizar en pocas ideas fuerza, y a ser posible en una sola, que resuma a los electores lo que significa su voto. Alrededor de esta idea central se ha de construir el mensaje de la campaña que es más complejo y ha de abarcar los diferentes niveles de adhesión al proyecto por parte de los electores (ideología, opciones básicas de gobierno, posiciones generales, opciones sectoriales, adhesión al líder, a unas siglas, a una historia, etc.).

Toda campaña ha de tener, por tanto, un mensaje central que comunicar. Es la idea sencilla y central que la campaña comunica a los votantes.

Dicen que un buen mensaje de campaña ha de incorporar las seis C’s en su contenido:

· Claro, fácil de comunicar y comprender.
· Conciso, corto y al grano.
· Convincente, que incorpore elementos de adhesión emocional.
· Conectado, relevante para la forma en que el votante percibe la confrontación electoral.
· Contrastado, marcando claras diferencias con los adversarios.
· Creíble, digno de confianza.

Un buen slogan es un factor importante para el éxito de una campaña. Tenemos algunos ejemplos que los más veteranos recordamos, UCD 77 “la democracia está en el centro” PSOE 82 “por el cambio”.

Durante la campaña, como ya hemos comentado, se trata de hacer llagar la oferta política en las mejores condiciones de recepción a los diferentes grupos de electores y de comunicar el mensaje con la mayor eficacia posible a los objetivos escogidos. En este sentido, hemos de tener en cuenta la capacidad de difusión de cada instrumento, su capacidad selectiva de dirigir el mensaje sólo al segmento del electorado elegido, su capacidad para transmitir el mensaje con la mayor fiabilidad posible, su agilidad y capacidad de hacer llegar el mensaje con el mínimo retraso y por último su coste, referenciado al beneficio y objetivo buscado.

Una posible clasificación de los medios que pueden utilizarse en una campaña electoral sería la siguiente:

I. Interactivas, que permitan el diálogo con el elector:

a) Puerta a puerta.
b) Paseos y visitas a mercados y otros ámbitos de concentración de personas, como fiestas populares.
c) Encuentros con categorías especiales de personas, como grupos temáticos, VIPs, contribuyentes a la campaña.
d) Mítines, actos públicos.

II. Unidireccionales de tipo tradicional, relacionadas con la palabra escrita:

a) Publicidad en la calle (carteles, vallas, banderolas, pancartas).
b) Material impreso producido por la campaña (folletos, octavillas, programas).
c) Prensa de partido.
d) Anuncios de prensa y utilización de los medios de prensa.

III. Audiovisuales:

a) Radio, tanto anuncios como utilización general del medio.
b) Televisión, tanto spots publicitarios y programas de producción propia como utilización general del medio.

IV. Marketing directo:

a) Postal.
b) Telefónico.

V. Nuevos medios.

a) Red de datos.
b) vides.
c) CDROM.
d) SMS.

VI. Asociados al día D:

a) Control del proceso electoral, interventores y apoderados.
b) Traslado de electores a los colegios y movilización de electores
c) Seguimiento del día electoral desde las sedes.

¿Cuántos concejales por municipio?

2009-02-01T09:57:00.004+01:00

La corporación municipal está compuesta por un número de concejales determinado por el número de habitantes que tenga.

Así lo establece el artículo 19.1 LRBRL:

"El Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en régimen de Concejal Abierto, corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales"

Como se puede observar en este artículo, existe una excepción a la composición municipal mediante concejales. Son aquellas poblaciones con menos de 100 habitantes y que se rigen por el sistema de Concejo abierto.

El resto de municipios se regiran por lo establecido en el artículo 179.1 LOREG:

"Cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala:

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Hasta 250 residentes --- 5 concejales

De 251 a 1000 --- 7 concejales

De 1001 a 2000 --- 9 concejales

De 2001 a 5000 --- 11 concejales

De 5001 a 10.000 --- 13 concejales

De 10.001 a 20.000 --- 17 concejales

De 20.001 a 50.000 --- 21 concejales

De 50.001 a 100.000 --- 25 concejales

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De 100.001 en adelante, un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea número par".

La determinación del número de Concejales por municipio, así como su elección, encuentran en el artículo 140 de la Constitución Española base jurídica fundamental:

"La Constitución garantiza la autonomía de los municipio. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y Concejales. Los Consejales serán libremente elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio univerdal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto".

Jerarquía normativa aplicable a la organización del pleno municipal

2009-01-18T13:16:00.003+01:00

Cualquier aproximación a la legislación aplicable a las sesiones de las corporaciones locales (sig. PLENO MUNICIPAL) tiene que comprender el respeto en toda su organización y desarrollo el Art. 23 de la CE y el derecho fundamental a participar de manera efectiva en los asuntos públicos que comprende este precepto constitucional.

Una interpretación incompleta o restrictiva de como se desarrolla u organiza el Pleno Municipal. O cualquier otra situación que restrinja los derechos que reconoce la Constitución, confronta con este precepto. Algo que justifica la denuncia por vulneración de derechos fundamentales a la que acuden en la vía Contencioso-Administrativa quienes creen restrictivamente aplicada o interpretada la variada legislación que aborda la situación del Pleno Municipal.

La legislación aplicable al Pleno Municipal considera este un acto formal de los órganos colegiados de las entidades locales cuyo objeto es debatir y aprobar propuestas, por un lado, y fiscalizar a los órganos de gobierno municipal, por otro.

El Pleno Municipal es la reunión de los integrantes de la Corporación Local que cumple las formalidades establecidas para su convocatoria, que se constituye en el lugar correcto, que tiene el “quorum” necesario y que lo hace con la finalidad de tratar y resolver lo que proceda sobre el orden del día.

La primera cuestión que se plantea sobre el régimen legal aplicable a las sesiones del pleno municipal es la que hace referencia a los ámbitos y a su jerarquía normativa.

La STC de 21 de diciembre de 1989 establece que el orden constitucional de distribución de competencias se funda en el reconocimiento de tres ámbitos normativos correspondientes a la legislación básica del estado (art. 149.1.18 de la CE), la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomos según los respectivos Estatutos y la potestad reglamentaria de los Municipios, inherente esta última a la autonomía que la Constitución garantiza en su articulo 140.

Y estos tres ámbitos determinan a su vez el orden de prelación de esta normativa plural.-

NORMATIVA ESTATAL.

Tanto la LRBRL como el ROF hablan de funcionamiento de las Corporaciones Locales refiriéndose al conjunto de normas que regulan la formación y manifestación de la voluntad de sus órganos, fundamentalmente los colegiados.
Conjunto de normas que hacen referencia a un procedimiento estricto que suele denominarse régimen de sesiones.
Incumplir este régimen de sesiones implica ir contra los derechos fundamentales tanto de los representantes como de los representados, en virtud de que sus miembros representan la voluntad popular y democráticamente establecida por las elecciones.

La normativa estatal aplicable está contenida en los siguientes preceptos:
Articulos 46 a 54 y 122 a 128 (grandes poblaciones) LRBRL
Artículos 46 a 60 TRRL
Artículos 77 a 118 ROF

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES

De acuerdo con la STC de 21 de diciembre de 1989 hay que reconocer un ámbito normativo correspondiente a la legislación de desarrollo de las Comunidades Autónomas. Esta legislación es amplia, generosa y poco original. Y en conclusión, poco clarificadora de la normativa estatal.

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA CORPORACIÓN

Las Corporaciones tienen como competencia la de aprobar su propio Reglamento Orgánico interno que regulará todos los aspectos de su funcionamiento que estimen oportuno, con respeto a lo dispuesto en las normas estatales y autonómicas dictadas de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias.
La realidad es, que estos reglamentos tienen una vigencia residual ante la legislación estatal y autonómica vigente. Que puede concretar cuestiones que ya son tratadas en la legislación superior de forma poco específica, pero nunca llendo contra estos.
Su principal ámbito de vigencia estará en la regulación de aquellos órganos complementarios a todas las entidades locales y los específicos de los municipios. En donde el Reglamento Orgánico de la Corporación toma un protagonismo que no tiene en la regulación de los órganos que se consideran esenciales para el funcionamiento de las Corporacion Locales.

La oratoria: una cualidad esencial del Concejal

2009-01-16T22:18:00.000+01:00

Desde este blog quiero hacer ver la importancia para el Concejal de tener una buena oratoria.

Políticos de todo el mundo han demostrado que con este "don" han sido capaces de movilizar a las masas, transmitirles sus pensamientos y hacerles partícipes de sus actuaciones.

Os dejo uno que, hoy en día, sigue emocionando a quién lo escucha. Cuanto más cerca estemos de este modelo, más cerca estaremos de la "perfecta oratoria".

Te proponemos que reflexiones sobre este discurso de 1963 y te lo mostramos, traducido, tal como fué.

Observarás que tienen forma de poema. Esto es porque, realmente, en su alocución tienen la cadencia de un poema.Recuerda que en los discursos orales los silencios dicen tanto o más que las palabras. Las anáforas o repeticiones que encontramos (“Dejadles que vengan a Berlín”) aportan ritmo al discurso, además de las connotaciones emocionales que contienen, hablando al corazón de la gente.

KENNEDY, 26 DE JUNIO DE 1963
Hace 2000 años nos vanagloriábamos del dicho
Civis Romanus sum.
Hoy, e el mundo de la libertad, lo más orgulloso es decir
Ich bin ein Berliner.(Soy Berlinés)
Hay mucha gente en el mundo que no entiende,
o dice no entender,
cuál es la gran diferencia entre el mundo libre y el mundo comunista.
Dejadles que vengan a Berlín.
Hay algunos que dicen que el comunismo es la tendencia del futuro.
Dejadles que vengan a Berlín.
Y hay algunos que dicen, en Europa, y en otros lugares,
que podemos cooperar con los comunistas.
Dejadles que vengan a Berlín.
E incluso hay unos pocos que dicen que es
verdad que el comunismo es un sistema endemoniado,
pero que nos permite un progreso económico.
Lass’ sie nach Berlin kommen.
Dejadles que vengan a Berlín.

Primera aproximación a la parte de "control" del Pleno Ordinario

2009-01-16T21:36:00.000+01:00

El pleno municipal tiene una estructura en la que distinguimos tres fases:

. La fase de preparación
. La fase considerada resolutiva en el pleno.
. La fase considerada de fiscalización y control de los órganos de gobierno.

Estas fases tienen su razón en la legislación vigente y en jurisprudencia sobre el tema que pasamos a comentar:

Hoy la 2ª fase de las sesiones ordinarias dedicadas al control y fiscalización del equipo de gobierno obliga no solo a incluir los ruegos sino en general todos los instrumentos de control y fiscalización, como es el caso de las proposiciones y mociones al pleno, que también estarán presentes en la 1ª fase del pleno, pero en este caso, según un criterio más abierto de lectura y debate, pero que no requiere su votación.

Es el artículo 82.4 del ROF el que ha dispuesto que en el orden del día de las sesiones ordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas. Los ruegos y las preguntas constituyen un medio de control y fiscalización de los Órganos de Gobierno, y lógicamente, solo a ellos pueden ser formulados.

Es doctrina general que la parte de control de los Órganos de Gobierno incluya todos los instrumentos que menciona el ROF, entre los que se encuentran los ruegos y preguntas pero también las mociones o proposiciones, por cuanto de esta manera se evita una reiterada y obligada utilización por parte de los concejales que no forman parte del Equipo de Gobierno de la posibilidad de convocatoria de pleno extraordinario por petición de un 1 / 4 de los concejales.

El art. 42 del ROF dispone: “El Alcalde dará cuenta sucinta a la Corporación, en cada sesión ordinaria del Pleno, de las resoluciones que hubiere adoptado desde la última sesión plenaria ordinaria para que los Concejales conozcan el desarrollo de la administración municipal a los efectos del control y fiscalización de los órganos de gobierno, previstos en el art. 22.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril”. Siendo esto posible en la segunda parte de la sesión dedicada al Control y Fiscalización.

No debe olvidarse que tanto las proposiciones como las mociones pueden ser también por su contenido medios o instrumentos de control y fiscalización por lo que a él habrá que estar para tratarlas en la primera o en la segunda parte de la sesión.

Consideramos muy importante esta cuestión por cuanto es base de la diferencia entre lo que se intrerpreta de manera tan variable en todos los ayuntamientos de España.

Si la moción que presentamos tiene un contenido de propuesta de acción o gestión, su urgencia será tratada en la primera parte de la sesión según el procedimiento establecido por el informe de Secretaría General. // Pero si la moción es de control, consulta, análisis o sanción de la gestión municipal se incluirán en la segunda parte de la sesión, y en este caso, no cabe la determinación de su previa urgencia por cuanto al no ser resolutiva, no incluirá adopciones de acuerdo.

El art. 46.2 e) LEBRL afirma que en “los plenos ordinarios, la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno, deberá presentar sustantividad propia y diferenciada de la resolutoria…”. La restrictiva interpretación que se hace de la legislación vigente reduce el sentido de esta fase del pleno y, por lo tanto, no tiene en cuenta esta situación.

El art. 23.1 de la CE que acoge el derecho fundamental de los Concejales de participar en los asuntos públicos se ve vulnerado cuando se admite y ampara una intencionada restricción de la fase de control en las sesiones del pleno municipal.

Los instrumentos ordinarios puestos a disposición del pleno para llevar a cabo esta función de control son:

- Dación de cuentas.
- Ruegos y preguntas.
- Las mociones. Se someten directamente a consideración del Pleno sin conocimiento del mismo al no estar incluidas en el orden del día de la sesión ordinaria.
Cuando la moción es usada como medio de control o fiscalización, diferenciándose de las que son tratadas en la fase resolutiva y que incluyen propuestas, debe configurarse como la propuesta de un grupo político para que el equipo de gobierno formule alguna declaración sobre algún tema de competencia del Municipio, o para que explique los motivos o propósitos del equipo de gobierno sobre la política municipal.
- La proposición, firmada por el portavoz o portavoces de los grupos opositores, sometiendo a consideración del Pleno un asunto. Al Usarse como instrumento de censura, crítica o reprobación de un Concejal u órgano de gobierno unipersonal.
- La censura de una actuación concreta de cualquier Concejal relacionada con su función e incluso ajena a ella si redundara en perjuicio y deterioro de la institución a que representa.

La variada interpretación que se realiza de la legislación vigente, por otro lado, tan poco concreta. Ha obligado de manera reiterada a la utilización de la vía Contencioso Administrativo por vulneración de Derechos Fundamentales para lograr la aplicación extensiva de estos derechos en las sesiones de pleno de muchos ayuntamientos.